Washington y Buenos Aires avanzan en conversaciones para que la Argentina acepte inmigrantes detenidos en la frontera estadounidense que no puedan ser devueltos con rapidez a sus países de origen. La iniciativa se inscribe en la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump y podría abrir una nueva dimensión de cooperación política y de seguridad con el gobierno de Javier Milei, con impacto directo en la agenda interna y en la relación regional.
La Argentina y Estados Unidos mantienen conversaciones “avanzadas” para firmar un entendimiento que permitiría a Washington deportar hacia territorio argentino a extranjeros detenidos tras ingresar de manera irregular, como parte del esquema de “deportaciones a terceros países” que ganó peso en el último año.
El hecho central es político y operativo: si el acuerdo se concreta, la Argentina pasaría a funcionar como plataforma de transferencia para expulsiones migratorias estadounidenses, bajo el supuesto de que desde Buenos Aires se facilitaría el retorno posterior de esas personas a sus países. La discusión ocurre mientras Trump busca ampliar su capacidad de remoción de migrantes hacia destinos alternativos, en especial cuando existen obstáculos diplomáticos, documentales o logísticos para deportar de forma directa al país de origen y mientras Buenos Aires profundiza su alineamiento estratégico con Washington.
En términos de tendencia, la administración Trump viene apoyándose cada vez más en acuerdos de “tercer país” para sostener el ritmo de expulsiones, con antecedentes en destinos que aceptaron recibir deportados que no son sus nacionales. Ese enfoque ya generó controversias y litigios en EE.UU. por garantías de debido proceso y por el destino final de personas enviadas a países con los que no tienen vínculos.
Un acuerdo migratorio con efectos geopolíticos
Para la Casa Blanca, los acuerdos de terceros países cumplen dos funciones: por un lado, aumentan la capacidad operativa de deportación; por otro, operan como señal de disuasión frente a nuevos flujos migratorios. En la práctica, implican ampliar la red de Estados dispuestos a recibir a expulsados que no pueden ser devueltos de inmediato a su país de origen, algo que organizaciones y expertos han cuestionado por los riesgos de “externalización” de obligaciones de protección y por los márgenes de arbitrariedad administrativa.
Para Buenos Aires, el asunto tiene un doble filo. Por un lado, ofrece un “activo” negociador en la relación bilateral, en un momento en que Milei busca consolidar un vínculo preferencial con Washington en lo económico y político. En paralelo, sin embargo, abre interrogantes domésticos: quiénes serían recibidos, bajo qué figura migratoria, con qué costos, y qué marco legal regiría su permanencia y eventual traslado.
Foto: Al Drago (Reuters) | Vídeo: AP
El debate adquiere más relieve porque la Argentina venía mostrando señales de endurecimiento en materia migratoria. En las últimas semanas se registraron medidas y mensajes oficiales orientados a reforzar controles y restricciones, en sintonía con el giro regional hacia políticas de seguridad fronteriza.
En la región ya existen precedentes de marcos similares, aunque con diseños y alcances distintos. Por ejemplo, el gobierno estadounidense formalizó entendimientos para transferir nacionales de terceros países a Ecuador mediante intercambio de notas diplomáticas (publicado en el registro oficial federal), y también se registraron instrumentos de cooperación migratoria del tipo “asylum/safe third country” en otros países aliados, con fuerte controversia política local.
En ese marco, un acuerdo con la Argentina no sería un detalle técnico sino una decisión con lectura estratégica: implicaría que Buenos Aires asume un rol operativo en una de las políticas más sensibles de Washington, en un momento en que EE.UU. intenta ordenar su tablero hemisférico a través de acuerdos selectivos con gobiernos afines.
El punto ciego, por ahora, es la implementación. Aun cuando la negociación esté avanzada, la arquitectura real suele definirse en la letra chica: quién custodia, quién financia, qué ocurre si el país receptor no consigue reembarcar a la persona a su nación de origen, y cuál es el “tiempo máximo” de permanencia en territorio argentino. En los acuerdos de terceros países, esos detalles son los que suelen encender las alarmas judiciales y políticas.
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