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Irán atraviesa una nueva ola de protestas que han puesto en evidencia la fragilidad del régimen frente a una crisis económica creciente y un descontento social cada vez más amplio. El país se encuentra bajo un apagón nacional de internet, confirmado por el grupo de monitoreo NetBlocks, en lo que se interpreta como una medida de censura digital destinada a frenar la coordinación de las movilizaciones.
Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre en distintas ciudades, impulsadas por el aumento del costo de vida y la devaluación de la moneda local. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo han golpeado especialmente a las clases trabajadoras y medias bajas, que hoy se encuentran en dificultades para cubrir necesidades básicas. Según un recuento de AFP, al menos 21 personas han muerto, entre ellas manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, desde el inicio de la crisis.
NetBlocks informó que el corte de internet responde a una serie de medidas de censura escalonadas que buscan controlar la narrativa y limitar la capacidad de organización de los manifestantes. El apagón, que afecta comunicaciones telefónicas y acceso a medios digitales, “obstaculiza el derecho del público a comunicarse en un momento crítico”, advirtió el organismo.
Las autoridades han ofrecido mensajes contradictorios. El presidente Masoud Pezeshkian pidió “máxima moderación” en el manejo de las protestas, mientras el líder supremo, Ayatolá Ali Khamenei, afirmó que los “alborotadores deben ser puestos en su lugar”. El jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, acusó a los manifestantes de actuar “en línea con Estados Unidos e Israel” y advirtió que no habrá clemencia para quienes “crean inseguridad”
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a las autoridades iraníes a evitar nuevas muertes y a garantizar el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica. “Todos los individuos deben poder manifestarse y expresar sus reclamos”, señaló su portavoz.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que las fuerzas de seguridad han recurrido a tácticas de represión extrema, incluyendo el ingreso a hospitales para detener a manifestantes heridos. El martes, agentes irrumpieron en el Hospital Imam Khomeini en Ilam, donde lanzaron gases lacrimógenos, destrozaron puertas y agredieron a personal médico. “Las fuerzas de seguridad deben detener el uso ilegal de armas contra manifestantes, poner fin a las detenciones arbitrarias y respetar la integridad de las instalaciones médicas”, reclamó Amnistía.
La crisis interna ocurre en un contexto de alta tensión internacional. Tras la guerra de 12 días de 2025, en la que fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon instalaciones nucleares iraníes, Washington ha mantenido una postura de confrontación. El presidente Donald Trump advirtió recientemente que Estados Unidos está “listo para acudir en ayuda de los manifestantes” si el régimen recurre a la violencia.
Este mensaje se suma a las sanciones reforzadas desde septiembre contra el programa nuclear iraní y a la narrativa oficial de Teherán, que acusa a los manifestantes de actuar bajo influencia extranjera. La intervención discursiva de Trump, junto con el apoyo explícito de Israel y los llamados de figuras exiliadas como Reza Pahlavi, sitúan las protestas iraníes en el centro de la competencia geopolítica regional.
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