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El Senado de Estados Unidos abrió un frente directo contra el presidente Donald Trump al aprobar, por 52 votos contra 47, una resolución que limita su capacidad de emprender nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. La medida, aunque enfrenta un camino empinado para convertirse en ley, refleja un creciente malestar bipartidista frente a la estrategia de la Casa Blanca en el país sudamericano.
La votación mostró un quiebre dentro del Partido Republicano. Algunos senadores se alinearon con los demócratas para avanzar en la resolución de poderes de guerra. Aunque el texto aún debe superar la Cámara de Representantes —dominada por republicanos— y un eventual veto presidencial, el gesto marca un raro desafío institucional al Ejecutivo. Trump reaccionó con dureza en redes sociales, acusando a los senadores republicanos que apoyaron la medida de “intentar quitarle poderes para defender a Estados Unidos”.
Lejos de moderar su postura, Trump declaró que la presencia estadounidense en Venezuela podría extenderse “mucho más” de un año, con el objetivo de “reconstruir el país de manera muy rentable”. Sus palabras refuerzan la percepción de que Washington busca controlar los recursos petroleros venezolanos, incluso mientras el Senado intenta recuperar su rol de contrapeso institucional.
Aunque la resolución enfrenta un camino difícil en la Cámara de Representantes —también dominada por republicanos— y necesitaría mayorías especiales para superar un veto presidencial, el gesto del Senado es significativo. Representa un raro acto de resistencia dentro del propio partido de Trump y abre la puerta a un debate más amplio sobre la legalidad y legitimidad de la intervención en Venezuela.
El enfrentamiento entre el Senado y Trump no es solo un choque político coyuntural, sino que más bien expone la disputa de fondo sobre quién decide la guerra y la paz en Estados Unidos. Mientras el presidente habla de “reconstrucción rentable” y prolonga la supervisión de Venezuela, el Senado busca reafirmar su autoridad constitucional y limitar un poder ejecutivo que, a ojos de muchos legisladores, se ha expandido peligrosamente.
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