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Un decreto real firmado por el rey de Dinamarca en 1952 obliga a las fuerzas armadas de este país a entrar en combate directamente ante cualquier agresión. Este documento adquirió mayor relevancia en el presente, mientras Estados Unidos presiona por Groenlandia -un territorio soberano danés- sin descartar la vía militar.
El documento firmado por el rey Federico IX en junio de 1952 especifica que “en caso de un ataque en suelo danés o en una unidad militar danesa fuera del territorio danés, las fuerzas atacadas deben tomar inmediatamente la batalla sin esperar órdenes”. Dicha medida se entiende mejor como un producto de la por entonces historia reciente danesa, que incluyó la ocupación nazi del territorio y el reinado de Federico IX como regente en nombre de su padre, Cristian X.
Sin embargo, el decreto real adquiere otra significación en el presente, cuando el territorio soberano danés, del que Groenlandia, a pesar de su gobierno autónomo, forma parte, es amenazado por las ambiciones expansionistas de la administración Trump en Estados Unidos.
Un decreto real obliga a las fuerzas armadas de Dinamarca a entrar en combate y abre la puerta a un conflicto militar por Groenlandia
El decreto real que obliga a las fuerzas armadas de Dinamarca a entrar en combate pone al país europeo -socio junto a Estados Unidos de la OTAN– en un lugar incómodo ante las pretensiones de soberanía que han repetido en numerosas ocasiones el presidente Donald Trump y distintos funcionarios de su administración sobre Groenlandia.
El diario danés Berlingske obtuvo la confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa de Dinamarca de que el decreto sigue en vigor, lo que en palabras de las fuentes consultadas equivale a “disparar primero y preguntar después” en caso de una ofensiva militar sobre la isla más grande del mundo, donde la presencia danesa se consolidó tras el Tratado de Kiel de 1814.
Si bien actualmente Groenlandia tiene un parlamento y autoridades propias, este autogobierno no incluye las funciones de defensa y política exterior, donde Copenhagen mantiene la representación del territorio. De esta manera, no quedan dudas de que sus fronteras están cubiertas por el documento firmado por Federico IX.
Esta vinculación abre preguntas inquietantes ante la insistencia de la administración Trump por incorporar Groenlandia a la órbita de Estados Unidos, una iniciativa que el magnate republicano ha justificado en la defensa nacional y donde no descartó el uso de la fuerza como medio para obtenerla. Además del decreto real mencionado, otra cuestión sensible es la pertenencia de Dinamarca a la OTAN, alianza militar donde Washington D.C. tiene el mayor peso, pero en la que un ataque sobre uno de sus miembros equivale a una declaración de guerra a todos los países firmantes según el Artículo 5° del Tratado del Atlántico Norte que la constituyó.
Acaso por estas líneas rojas burocráticas, la primera ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió recientemente en una entrevista con la cadena TV2 que “si hay un ataque sobre Groenlandia, todo se detiene”: “Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, sería el fin de todo, incluida la OTAN y, por tanto, la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial”. En ese hipotético mundo incierto, un decreto real podría ser la clave que conduzca a un potencial enfrentamiento armado entre dos naciones que llevan más de ochenta años como socios globales en materia de política y defensa.
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