En un contexto que calificó de “tiempos difíciles y peligrosos”, el presidente Donald Trump anunció durante su reunión anual ante la Cámara de Representantes el pasado 6 de enero que Estados Unidos tiene la oportunidad de “construir el ejército soñado” mediante un aumento del 50% en el presupuesto de Defensa para 2027. Según el mandatario, este incremento histórico en el gasto militar estaría financiado con ingresos adicionales generados por los aranceles aplicados a países y sectores industriales estratégicos, consolidando así su visión de una economía orientada a la seguridad nacional.
La primera semana del año ya ha sacudido el tablero internacional con hechos de alto impacto, como la captura de Nicolás Maduro, la posible anexión de Groenlandia y la incautación de buques petroleros en el Atlántico Norte. En este escenario, el llamado “destino manifiesto” norteamericano vuelve a formar parte de la política de expansión e intervención de Estados Unidos. Para 2026, el presupuesto de Defensa alcanzará los 901.000 millones de dólares, mientras que la proyección de Trump fija el gasto para 2027 en 1,5 billones de dólares. “Esto nos permitirá construir el ‘ejército soñado’ al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo”, afirmó el presidente.
El anuncio fue acompañado por fuertes críticas a la industria de defensa. En una publicación en Truth Social, Trump acusó a los contratistas de producir armas con demasiada lentitud y prometió impedir que compañías como RTX paguen dividendos o recompren acciones hasta que aceleren la producción. La medida, considerada un golpe inusual a las normas de Wall Street, provocó una caída inicial en las acciones del sector. Tanto Trump como el Pentágono han señalado que los altos costos y la producción lenta requieren cambios drásticos para agilizar la fabricación de equipo militar.
La postura presidencial se formalizó en una orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca, donde Trump declaró: “Después de años de prioridades equivocadas, los contratistas de defensa tradicionales se han visto incentivados a priorizar las ganancias de los inversores por encima de los combatientes de la nación”. El mensaje apunta directamente a compañías como Raytheon, fabricante del sistema antimisiles Patriot utilizado ampliamente en Ucrania, así como de los misiles Tomahawk empleados por ejércitos de todo el mundo. Raytheon también es propietaria de Pratt & Whitney, responsable de producir motores a reacción para todas las ramas militares, incluido el F-35 Joint Strike Fighter.
Un portavoz de RTX evitó comentarios inmediatos sobre las declaraciones de Trump, aunque las acciones de la compañía cayeron un 2% antes de recuperarse y subir un 2,5% en operaciones posteriores. La orden ejecutiva, con efecto inmediato, enfatizó que los contratistas de defensa no podrán pagar dividendos ni recomprar acciones “hasta que sean capaces de producir un producto superior, a tiempo y dentro del presupuesto”.
Trump aseguró que los ingresos por aranceles eran tan “tremendos” que incluso después de asignar 1,5 billones de dólares al presupuesto militar, Estados Unidos podría saldar sus deudas y otorgar dividendos a los estadounidenses de ingresos moderados. Sin embargo, analistas han expresado preocupación, ya que el gobierno recaudó 288.500 millones de dólares en ingresos brutos el año pasado por aranceles e impuestos especiales, cifra que no sería suficiente para cubrir las múltiples promesas del presidente.
En sus redes sociales, Trump advirtió: “O Raytheon toma la iniciativa y comienza a invertir en plantas y equipos, o dejará de hacer negocios con el Departamento de Guerra. Además, si Raytheon desea seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se le permitirá realizar más recompras de acciones, donde ha gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que se ponga las pilas”.
El anuncio de Donald Trump sobre el aumento del 50% en el presupuesto de Defensa para 2027 no solo marca un giro hacia una economía de guerra, sino que también redefine la relación entre el Estado y el complejo militar-industrial estadounidense. La presión sobre empresas como RTX y Raytheon refleja una estrategia que prioriza la seguridad nacional por encima de los intereses financieros de Wall Street. Sin embargo, las dudas sobre la viabilidad de financiar semejante expansión con ingresos arancelarios mantienen abierto el debate entre analistas y mercados. Lo cierto es que, con este plan, Estados Unidos envía una señal clara al mundo: la defensa y la supremacía militar volverán a ocupar el centro de su política exterior y económica en los próximos años.
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