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Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo un cambio sustantivo en una de las acusaciones más difundidas contra el exmandatario venezolano: dejó de sostener que el llamado “Cártel de los Soles” sea una organización criminal real y estructurada.
Según reveló The New York Times, el giro quedó plasmado en una acusación reformulada presentada luego de que Maduro fuera detenido y puesto a disposición de la justicia estadounidense. En ese nuevo escrito, los fiscales mantienen cargos vinculados al narcotráfico y a la protección de rutas de drogas, pero abandonan la caracterización del “Cártel de los Soles” como un cartel operativo, con jerarquías, miembros identificables y mando propio.
La modificación introduce una diferencia clave respecto del encuadre utilizado por la administración Trump durante 2025, cuando ese término fue empleado de forma central tanto en el plano judicial como político para justificar sanciones, designaciones y operaciones contra el régimen venezolano.
De “cartel” a sistema de corrupción
De acuerdo con el NYT, el Departamento de Justicia ahora describe al “Cártel de los Soles” no como una organización criminal en sentido estricto, sino como un “sistema de patronazgo” y una “cultura de corrupción” dentro del Estado venezolano, alimentada por el dinero del narcotráfico.
En la acusación original de 2020, retomada y reforzada en 2025, Maduro era presentado como el líder de un cartel que coordinaba envíos de cocaína, brindaba protección a organizaciones armadas y utilizaba el tráfico de drogas como herramienta de presión contra Estados Unidos. Esa narrativa fue replicada luego por distintas áreas del gobierno estadounidense, incluidas designaciones administrativas y declaraciones públicas de alto nivel.
La versión reformulada reduce drásticamente el uso del término y señala que tanto Maduro como su antecesor, Hugo Chávez, habrían participado en un entramado informal de protección política, donde beneficios del narcotráfico fluían hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia, sin que ello configure una organización criminal autónoma comparable a otros carteles regionales.
El impacto político tras la captura de Maduro
El ajuste del Departamento de Justicia se conoce después de la captura de Maduro, un hecho que marcó un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela y en el alineamiento de varios países de la región con Washington. Durante los meses previos a su detención, la figura del “Cártel de los Soles” había sido utilizada como uno de los ejes para legitimar sanciones, operativos marítimos y acciones judiciales internacionales.
Sin embargo, especialistas en crimen organizado señalaron que el término nunca fue reconocido en informes técnicos de referencia, como las evaluaciones anuales de la DEA o el World Drug Report de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En esos documentos, el “Cártel de los Soles” no figura como una organización criminal identificada.
La diferencia, subraya el diario, radica en que las designaciones políticas y administrativas no requieren el mismo estándar probatorio que una acusación penal, lo que permite sostener ciertos rótulos en el discurso público aunque luego resulten difíciles de defender en tribunales.
Un debate que sigue abierto
Pese a la corrección en sede judicial, el tema continúa generando tensiones dentro del propio gobierno estadounidense. Según el NYT, funcionarios de alto nivel volvieron a referirse públicamente al “Cártel de los Soles” como si se tratara de un cartel activo, incluso después de difundida la acusación reformulada.
Así, la captura de Nicolás Maduro no solo abrió una nueva etapa judicial, sino que también expuso las inconsistencias entre el encuadre político y el encuadre legal de uno de los conceptos más utilizados para describir la relación entre el poder venezolano y el narcotráfico. La redefinición del Departamento de Justicia marca un límite claro: una cosa es denunciar un sistema de corrupción estatal, y otra muy distinta es probar la existencia de un cartel criminal como entidad concreta ante un tribunal federal.
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