La pesca ilegal empobrece a la Argentina

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La Pesca Ilegal empobrece a los pueblos emergentes, pone en riesgo la sostenibilidad de las especies y, de seguir en los niveles de extracción vigentes, no habrá recursos para las generaciones venideras. Esta práctica no se resuelve con Convenciones, Congresos y con reuniones teóricas, porque estas extracciones ilegales no se fundan en la biología sino en razones económicas y de seguridad y, porque los principales responsables que continúe la pesca ilegal son las grandes potencias, que encabezan las capturas mundiales fuera de sus jurisdicciones.

Insólitamente, ningún marco legal ha definido de qué se trata la “pesca ilegal. Nosotros, entendemos por «Pesca Ilegal, a aquella en la que se capturan especies pesqueras, sin cumplir, con la regulación internacional, nacional y/o sin control oficial y/o independiente y/o si se captura sin control del Estado de pabellón en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible y/o dañando intereses de terceros Estados, por realizar las operaciones pesqueras sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las Zona Económica Exclusiva (ZEE) o migran desde alta mar a la ZEE; o, cuando la pesca se realiza en territorios de terceros Estados invadidos (caso Malvinas) y/o en disputa (Res. ONU 31/49), donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y/o las fuentes de trabajo y/o la economía de los Estados».

 «También cuando se beneficia al crimen organizado transnacional y/o se realiza evasión por falta de pago de impuestos, derechos de captura o de importación o exportación y/o descarten especies en el mar y/o no declaren las mercaderías desembarcadas o importen o exporten evadiendo los impuestos aduaneros y/o con sus actos afecten la reputación de los países o comunidades a las que pertenecen, contribuyendo a quebrar las normativas legales que aseguran las buenas prácticas de pesca acordadas en las Convenciones para asegurar explotaciones empresarias sustentables, biológicamente sostenibles y comercialmente equitativas».

La Pesca Ilegal existe desde que el hombre encontró en este recurso una forma de subsistir; pero, en Latinoamérica en 1952 se efectuó la “Declaración de Santiago” que estableció un límite de 200 millas para combatir la pesca extranjera ilegal; aunque se trató institucionalmente hace 70 años en la primera reunión global sobre pesca sostenible (Conferencia de la ONU, Roma, FAO, 1955) con el objeto de prevenir la “pesca no autorizada”. Luego de ella, se realizaron innumerables conferencias y reuniones para tratar el tema; pero, la pesca ilegal persiste y se agrava y, para colmo, en 1999, en la 23° sesión del Comité de Pesca (COFI) de la FAO se “formalizó” -en un instrumento no vinculante- el sofisticado tecnicismo de “pesca ilegal no declarada y no reglamentada” (INDNR), como si hubiese capturas ilegales más o menos graves, debilitando el alcance y gravedad de esta práctica ilegal. ¡La pesca ilegal nunca se declara ni se registra! ¿Qué empresario o Capitán de Pesca se auto-incriminaría? La FAO y sus tecnócratas deberían derogar esta denominación que esconde la gravedad de la Pesca Ilegal. ¡Toda Pesca Ilegal es grave por sus efectos biológicos, económicos, tributarios, alimentarios y sociales negativos! Son pescas ilegales los descartes a bordo; la sub-declaración o las sustituciones de especies en los desembarcos; los transbordos no controlados; la pesca de juveniles; el uso de artes de pesca no autorizadas; la extracción en zonas prohibidas; los falsos rindes en la transformación a bordo; los fraudes al consumidor en la declaración de pesos (exceso de glaseado, etc.) u orígenes falsos; las evasiones fiscales; las sobre y subfacturaciones; la obtenida con subsidios a la pesca y/o con trabajo esclavo o utilizando la pesca para encubrir el narcotráfico, etc. y toda otra práctica prohibida en las normas sobre pesca.

En el mundo se pescan 90 millones de toneladas (otro tanto produce la acuicultura), la FAO entiende que el 30% de estas son ilegales; es decir, 27 millones de toneladas por un valor del orden de los 40.000 millones de dólares anuales. Por su parte, en el Atlántico Suroccidental se capturan 2,34 millones de toneladas anuales de las que se descartan unas 540 mil toneladas, que sumado al 1 millón de toneladas capturadas en forma ilegal, nos indican que el total de la Pesca ilegal en estos mares alcanza a 1.540.000 toneladas anuales, por un monto del orden de los U$S 6.000 millones de dólares anuales, con connotaciones gravísimas para la Argentina y su gente. Ello no contempla sub-declaraciones y otras prácticas de evasión.

Estas capturas ilegales se realizan en la ZEE por parte de unos 880 buques nacionales; en las aguas argentinas de Malvinas con licencias ilegales del Reino Unido con buques españoles-británicos (58 licencias); españoles (37); coreanos (28) y taiwaneses (76) y, en alta mar, con unos 450 buques chinos (314), españoles (24), taiwaneses (69) y coreanos (42) que pescan los recursos migratorios de la ZEE Argentina.

La pesca que se realiza en las aguas argentinas de Malvinas es ilegal por aplicación de la Res. ONU 31/49 y toda la normativa argentina y de la Unión Europea. Esta comunidad, habiendo reconocido España la independencia argentina es inadmisible que tolere esta pesca ilegal. Los funcionarios argentinos al menos desde 1976 están incursos en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por no iniciar acciones.

Contribuyendo aún más a la confusión general algunos funcionarios de la Cancillería; de la Subsecretaría de Pesca; del Consejo Federal Pesquero y de la Prefectura Naval consideran la pesca de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar como legal. No entienden que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) indica que hay libertad de pesca en alta mar, no que se pueda depredar libremente los recursos. Con su errónea interpretación apoyan la posición de los buques extranjeros que pesca n a distancia, sin tener en cuenta tampoco que la Convención se aprobó por consenso enmarcada en disputas internacionales por los límites marítimos y no de protección de los recursos, de otro modo no podría haber omitido un enfoque eco-sistémico que protegiese integral, tanto en la ZEE como en alta mar. Si las autoridades argentinas no instalan internacionalmente la ilegalidad de la pesca en alta mar no se iniciará jamás la discusión de derechos y el reconocimiento de la ilegalidad.

Lo venimos diciendo hace años: “La Argentina no puede considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios de la ZEE, y los asociados que intervienen en la cadena trófica; porque sería desconocer los derechos que Argentina reivindica en toda su legislación vigente: el art. 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el art. 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los art. 4º, 5°, 21° a 23° de la Ley 24.922 de Pesca. Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar la captura en alta mar ilegal, tres hechos que se obligan en la CONVEMAR no se cumplen: el primero, cuando los buques no tienen control presencial de sus países de origen (art. 87º, 92º, 94º), cuestión que ocurre con los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur; el segundo, cuando se pesca sin realizar previamente las investigaciones para determinar la “Captura Máxima Sostenible” que asegure las capturas a perpetuidad (art. 119º) y, el tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (art. 27º; 61º a 64º, 116º a 119º). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental (art. 77º) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional. Todas obligaciones ratificadas en la Conferencia de la FAO del 31/10/1995 y decenas de reuniones COFI.

En la Argentina hay incapacidad y falta de voluntad política para promover la erradicación de la pesca ilegal y, por supuesto, no hay interés en eliminarla por parte de los principales responsables que pescan a distancia. El 85% de esta pesca la realizan cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea, quienes del total de 37 millones de horas de pesca mundial ocupan 25 millones. Son países que en su mayoría integran OMC quien promueve la eliminación de los subsidios a la pesca, lo que hace poco probable que esta práctica pueda erradicarse. Es una disputa por la proteína y la económica, no es la biología. ¡Estúpidos!

Los buques extranjeros se llevan especies de alto valor: merluza negra, hubssi, austral; hoki; polaca; calamar Illex y Loligo, etc. La pesca en Malvinas y en alta mar provoca un daño inconmensurable e irreversible.

En materia de control la tarea de la Prefectura es insuficiente ya que carece de medios suficientes y a nuestro entender no tiene la estrategia adecuada y, no podría tenerla porque cree que la pesca en alta mar es legal. Los sistemas satelitales y otras herramientas tecnológicas y, los sistemas de certificación de origen y de trazabilidad son solo complementarios del control presencial. Sin control a bordo y vigilancia de la policía marítima de las capturas y “del tránsito” en la ZEE de mercaderías no hay forma de eliminar la pesca ilegal.

Los Acuerdos multilaterales en el Atlántico Sur son inviables por la presencia del Reino Unido invadiendo los territorios marítimos de Malvinas. Es posible llegar a Acuerdos; pero, debería tener una preferencia el dictamen de los estados ribereños que son los verdaderamente perjudicados con la pesca de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar. Para implementar Acuerdos se necesitan observadores a bordo independientes con poder de policía; de otro modo, seguiremos escuchando que “no ingresa pesca ilegal a los puertos de España”, mientras ingresan miles de toneladas capturadas ilegalmente en el Atlántico Sur.

La Argentina debe declarar el “estado de emergencia pesquera y ambiental en Malvinas”; poner a pescar en alta mar cien buques argentinos para facilitar los acuerdos; acordar con Uruguay para terminar con el apoyo logístico que presta en Montevideo; acordar con las empresas de capital extranjero en Argentina, etc.

Se afecta la soberanía y el desarrollo de los pueblos del litoral marítimo argentino. Hay que terminar con las conferencias grandilocuentes donde se teoriza sobre la solución del problema y, afrontar acuerdos equitativos biológico-económicos que garanticen a todas las partes este recurso. La Argentina debe presionar internacionalmente para terminar con este flagelo que le está produciendo severos daños soberanos, biológicos, económicos, comerciales, alimentarios y sociales.

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