Estados Unidos anunció sanciones contra una red transnacional con base en Colombia acusada de reclutar exmilitares —incluidos menores de edad— para pelear como mercenarios al servicio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) de Sudán. Se trata de la poderosa milicia sudanesa señalada por Washington como responsable de genocidio y atrocidades masivas desde el estallido de la guerra civil en abril de 2023.
La medida, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, alcanza a cuatro personas y cuatro empresas, y se enmarca en la estrategia estadounidense para golpear las redes financieras y logísticas que alimentan el conflicto en Sudán, considerado por funcionarios de Washington como “la crisis humanitaria en curso más grave del mundo”. De acuerdo con el Tesoro, la red habría reclutado, entrenado, transportado y financiado a cientos de exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia desde 2024, para desempeñarse como infantes, artilleros, operadores de drones e instructores al servicio de la RSF.
Entre los “aspirantes” figuraban también menores de edad, lo que agrava el cuadro de presuntos crímenes al involucrar reclutamiento de niños soldados en un teatro de conflicto ya marcado por masacres, desplazamientos masivos y violencia sexual sistemática. Los combatientes colombianos habrían participado en combates en Jartum, Kordofán, Omdurmán y en el prolongado sitio de El Fasher, ciudad que la RSF capturó el 26 de octubre de 2025 tras 18 meses de asedio, episodio que según Washington estuvo acompañado de asesinatos en masa, torturas y abusos sexuales.
Otra parte del entramado criminal
En paralelo, Estados Unidos señala a la empresa colombiana Maine Global Corp, gestionada por Mateo Andrés Duque Botero, de doble nacionalidad colombiana y española. De acuerdo con OFAC, Maine Global se encargaba de mover fondos y administrar las nóminas de los combatientes, con apoyo de compañías estadounidenses vinculadas a Duque.
La red se completaría con Mónica Muñoz Ucros, directora suplente de Maine Global y responsable también de la Comercializadora San Bendito, utilizada —según el Tesoro— para triangular dinero entre las distintas entidades. Todas estas personas y firmas fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14098, que permite penalizar a actores que socaven la paz y la seguridad en Sudán.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos que los individuos y empresas designados posean bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para cualquier “persona estadounidense” de realizar transacciones con ellos. OFAC advirtió que los incumplimientos pueden derivar en sanciones civiles o penales.
Al apuntar a un “cluster” con epicentro en Colombia, la administración Trump también pone bajo la lupa un fenómeno que se repite desde hace años: la salida al mercado global de seguridad de exmilitares altamente entrenados procedentes de países con largas guerras internas, atraídos por salarios muy superiores a los que percibían en sus fuerzas armadas de origen. La novedad en este caso es la combinación de tres elementos: una milicia señalada por genocidio, un teatro de guerra de altísimo costo humanitario como Sudán y la presencia de menores en los procesos de reclutamiento.
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