El mensaje de que el Estados Unidos de Trump vuelve al T-MEC llegó esta semana desde Washington bajo la forma de una admisión casi casual. Jamieson Greer, jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), confirmó ante legisladores que la administración Trump podría decidir en 2026 retirarse del USMCA —el T-MEC, en su versión en español— o fragmentarlo en acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.

Según reportó Politico el 4 de diciembre, Greer señaló durante una reunión con miembros del Congreso estadounidense que “la retirada [del USMCA] es siempre una posibilidad”. No se trata de una especulación mediática ni de una descarga tuitera de madrugada: la advertencia se articuló en el marco de un proceso formal de revisión que está ya en marcha y que reabre cuestiones fundamentales sobre el futuro del principal instrumento jurídico del comercio norteamericano, que moviliza más de 1.86 billones de dólares en bienes y servicios con sus socios, según cifras del USTR para el 2024.

La táctica de presión, que recuerda los movimientos de Trump durante su primer mandato con el TLCAN, transforma el mecanismo de revisión pactado en 2018 de un trámite técnico a una confrontación geopolítica. Lo que parecía ser una renovación rutinaria se perfila ahora como una renegociación crítica donde la amenaza de colapso bilateral constituye el arma negociadora central. Esta estrategia no opera en el vacío: se inscribe en una arquitectura institucional que el propio Trump impulsó y que ahora le permite ejercer presión regulada sobre sus socios más débiles. 

La máquina de revisión del tratado en movimiento: plazos, actores y tensiones

El telón de fondo es una cláusula diseñada precisamente para evitar la rigidez institucional que caracterizó al TLCAN durante tres décadas. El T-MEC incluye un mecanismo de “revisión conjunta” a los seis años, con opciones que van desde la extensión automática por 16 años más hasta revisiones anuales hasta 2036. El USTR activó este mecanismo a través de una convocatoria oficial a audiencias públicas programadas entre el 3 y 5 de diciembre de 2025, en las cuales comparecieron sectores heterogéneos: desde productores lácteos hasta fabricantes automotrices, desde sindicatos hasta cámaras de comercio. En ese contexto, la posibilidad de retirada —que legalmente exige un aviso con seis meses de antelación según el Artículo 34.6 del tratado— deja de ser mera retórica para convertirse en un instrumento concreto de coacción política.

Analistas del Center for Strategic and International Studies han documentado que la revisión no opera bajo supuestos de continuidad. La administración Trump ha aprovechado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles basados en justificaciones de “emergencia nacional” vinculadas a flujos de fentanilo y migración desde México. Luego introdujo aranceles Section 232 sobre acero y aluminio, primero al 25%, después al 50%. En julio de 2025, amenazó con aranceles de 30% sobre Canadá y 35% sobre México—mecanismos que operan en paralelo a la revisión formal y que desnudan el carácter coercitivo de las negociaciones futuras.

La fecha límite oficial de la revisión conjunta es el 1 de julio de 2026, según establece el propio texto del acuerdo. Sin embargo, la administración ha acelerado el calendario: las audiencias del USTR de esta semana funcionan como una primera fase de presión documentada, donde gobiernos y sectores privados declaran sus posiciones formales. Esa documentación se convierte luego en precedente para justificar medidas más severas.

Trump ha sido explícito sobre sus intenciones. El 3 de diciembre declaró ante reporteros que el tratado “vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, según recogió The New York Times. Reuters confirmó que Trump afirmó que el T-MEC “se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo”. Estas declaraciones públicas funcionan como telegrafía política. Establecen públicamente las condiciones bajo las cuales Washington está dispuesto a negociar, presionando a México y Canadá antes de que siquiera comience la revisión formal. 

Automotriz: la batalla por las reglas de origen y la manufactura norteamericana

La industria automotriz emerge como el epicentro del conflicto, no por casualidad sino por su peso económico en la estructura del comercio trilateral. Analistas especializados de Brookings Institution han documentado que los aranceles impuestos por Trump a autopartes y metales han reconfigurado toda la estructura manufacturera norteamericana. Según la firma consultora Anderson Economic Group, los fabricantes estadounidenses pagaron 6.45 mil millones de dólares en aranceles sobre vehículos y autopartes importadas de Canadá y México hasta julio de 2025, cifra que se proyecta excederá los 10.6 mil millones de dólares hasta octubre del mismo año. Las magnitudes revelan la gravedad: General Motors reportó 1.1 mil millones de dólares en costos adicionales solo en el segundo trimestre de 2025; Ford estimó aproximadamente 2 mil millones de dólares anuales en gastos derivados de estas medidas arancelarias, con 800 millones de dólares de impacto solo en el segundo trimestre. 

El sector privado estadounidense ha respondido de manera contradictoria a las audiencias del USTR. Mientras algunos fabricantes reclaman protección contra competidores mexicanos y canadienses, otros han testificado a favor de mantener el tratado sin cambios estructurales.  Business Roundtable, que representa a más de 200 directores ejecutivos de empresas estadounidenses, testificó el 4 de diciembre que “extender el USMCA de manera oportuna es crítico para la vitalidad de las empresas estadounidenses” y llamó a “una integración norteamericana más fuerte” en lugar de fragmentación bilateral.​

De acuerdo con el anuncio oficial de las audiencias del USTR, más de 175 empresas, asociaciones y organizaciones solicitaron comparecer durante las sesiones del 3 al 5 de diciembre, evidenciando el alto interés sectorial. El U.S. Dairy Export Council y la National Milk Producers Federation presentaron un testimonio conjunto el 3 de diciembre exigiendo a la administración que combata “la continua manipulación de Canadá de sus cuotas arancelarias (TRQs)” pactadas en el T-MEC original. Estos testimonios contradictorios exponen las grietas dentro de la coalición empresarial estadounidense, donde ganadores y perdedores de los aranceles no coinciden.​

Sin embargo, la postura política de la Casa Blanca articula una narrativa diferente. Trump enfatiza que el T-MEC debe actualizarse para “proteger la manufactura estadounidense” y reducir la “infiltración de componentes chinos” en cadenas de suministro norteamericanas. Expertos del CSIS han advertido que una potencial fragmentación del acuerdo en dos tratados bilaterales —uno EE.UU.-México, otro EE.UU.-Canadá— eliminaría las eficiencias de integración regional que operan desde hace tres décadas. Las consecuencias serían críticas: firmas multinacionales enfrentarían inconsistencias regulatorias, costos de cumplimiento multiplicados y pérdida de competitividad vis-à-vis competidores asiáticos.

México: desunión empresarial y ausencia de posicionamiento estratégico

México llega a esta revisión con déficits político y técnico que limitan su capacidad negociadora. Líderes empresariales han reconocido la falta de cohesión interna frente a la crisis. Francisco Cervantes, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió en su discurso de despedida el 4 de diciembre que la prioridad estratégica debe ser “preservar el T-MEC y generar confianza” para reactivar la inversión, admitiendo implícitamente que el clima actual es adverso. Medios nacionales han capturado esta fragmentación con titulares como “México llega afónico a revisión del T-MEC”, reflejando la tardía reacción del bloque privado.​

Los números confirman el deterioro: la inversión extranjera directa (IED) en el sector automotriz mexicano cayó 20.1% en los primeros tres trimestres de 2025, sumando aproximadamente 7.87 mil millones de dólares frente al año previo, según datos de la Secretaría de Economía citados por El Economista. La incertidumbre ha paralizado proyectos clave: el gigante chino BYD suspendió indefinidamente sus planes para una megafábrica en México debido a los aranceles y tensiones comerciales con EE.UU. Esa desinversión no ocurre en un vacío: es consecuencia directa de la falta de reglas claras ante la renegociación del tratado.​

Esta vulnerabilidad es estructural. Un análisis reciente de BBVA Research documenta que, en el primer semestre de 2025, el 83.3% de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, una concentración extrema que la administración Trump explota tácticamente. Lejos de otorgar poder negociador, esta dependencia constituye el talón de Aquiles de México: cualquier amenaza de mayor proteccionismo impacta de manera asimétrica a la economía nacional, generando ciclos de desconfianza que disuaden la inversión a largo plazo.

Canadá: defensa del statu quo versus la necesidad de innovación

Canadá ha optado por una estrategia defensiva centrada en blindarse públicamente alrededor del tratado. El Business Council of Canada emitió un  comunicado el 3 de diciembre pidiendo una “renovación rápida del USMCA” tras las audiencias en Washington, argumentando que la integración es vital para la seguridad económica del continente. Para reforzar esta narrativa con datos duros, líderes del sector como Flavio Volpe, de la Asociación de Fabricantes de Autopartes, testificaron que las empresas canadienses operan 170 plantas manufactureras en territorio estadounidense que sostienen 47,500 empleos directos, una cifra que funciona como barrera de contención: romper el tratado expondría a esas plantas a la competencia global sin protecciones preferenciales.​

Sin embargo, la reacción política en Ottawa ha sido presentar el T-MEC como un pilar de estabilidad contra la volatilidad de Washington. La lógica es defensiva: sostener el statu quo sin proponer alternativas sustanciales. Analistas advierten que esta resistencia podría ser insuficiente si Trump presiona por cambios estructurales. El riesgo ya es material: Stellantis confirmó en octubre el traslado de la producción del Jeep Compass desde su planta en Brampton, Ontario, hacia Belvidere, Illinois, una medida que The Globe and Mail reportó como una consecuencia directa de la presión arancelaria de Trump para repatriar manufactura.

Escenarios en pugna: desde la extensión subordinada hasta la ruptura bilateral

El CSIS ha cartografiado cuatro trayectorias posibles para la revisión de 2026, cada una con implicaciones radicalmente distintas. El escenario de “extensión dolorosa“ (Painful Extension) implica que México y Canadá ofrezcan concesiones significativas para reducir los aranceles estadounidenses y lograr una renovación anticipada. El acuerdo se extendería, pero con cláusulas que redefinen las jerarquías de poder: estándares de contenido estadounidense más severos, umbrales salariales elevados y restricciones draconianas a proveedores chinos. Este escenario reduciría la incertidumbre a corto plazo, pero a costa de incrementar la inflación y el desempleo en los tres países debido a la pérdida de eficiencia productiva.​

Un segundo escenario contempla la fragmentación del marco trilateral en acuerdos bilaterales paralelos o un retorno a negociaciones país por país. En ese caso, México y Canadá perderían su estatus de socios equivalentes para convertirse en contratantes subordinados. Esta arquitectura eliminaría las eficiencias de integración regional y elevaría los costos de cumplimiento para firmas multinacionales. Según un análisis de Thomson Reuters sobre la “reacción de la cadena de suministro global”, esta fragmentación ya está provocando reorganizaciones drásticas: empresas que antes importaban a EE.UU. para distribuir a Canadá ahora reorganizan sus flujos para importar directamente a cada mercado y evitar la doble tributación arancelaria.​

Un tercer escenario es la ruptura formal (Withdrawal). Cualquier país puede invocar el Artículo 34.6 del T-MEC y retirarse con seis meses de aviso. Si Trump ejecuta esta opción, se desencadenaría una disrupción comercial inmediata y represalias en cadena. El colapso del T-MEC empujaría a los tres países hacia regímenes de aranceles de Nación Más Favorecida (MFN) de la OMC, un retroceso regulatorio de décadas que, como advierte el CSIS, marcaría un giro estratégico de alejamiento de la integración regional con consecuencias severas para la competitividad frente a China.​

Un cuarto escenario, posible aunque complejo, es el colapso seguido por parches bilaterales. Canadá y EE.UU. podrían intentar reactivar su tratado comercial de 1989 (CUSFTA), que quedó suspendido pero no extinto tras el TLCAN, mientras que México tendría que negociar desde cero sin esa red de seguridad. México y Canadá podrían mantener preferencias mutuas bajo el CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), pero la “pérdida de la integración trinacional” impondría costos innecesarios en comercio e inversión vitales para la seguridad norteamericana, según concluye el análisis de los expertos del CSIS.

Aranceles adicionales en investigación: la presión oculta que expande el conflicto

Bajo la superficie de la revisión formal operan investigaciones Section 232 en múltiples sectores: madera, cobre, semiconductores, farmacéuticos, camiones medianos y pesados, minerales críticos procesados, aeronaves comerciales y motores de reacción. En cada uno de esos sectores, México y Canadá son los principales exportadores o entre los principales hacia EE.UU. Nuevos aranceles implicarían una complicación adicional sobre la renegociación del T-MEC, multiplicando los puntos de fricción. Reuters ha documentado cómo esa cascada arancelaria disrumpe cadenas de suministro “just-in-time” que durante 30 años operaron bajo supuestos de estabilidad arancelaria.

Consultores de la firma EY, en un análisis publicado el 2 de diciembre, han advertido que las firmas multinacionales enfrentan un dilema: ¿anticipan la ruptura trasladando producción fuera de la región? o ¿apuestan a que la revisión culminará en un acuerdo mejorado pero factible? La prudencia sugiere que muchas grandes corporaciones ya están diversificando la geografía de suministros hacia Southeast Asia, India y otras regiones, anticipando volatilidad prolongada.

La economía política global en juego: implicaciones para la hegemonía estadounidense

Las implicaciones exceden el perímetro norteamericano. El T-MEC no solo regula más de 1.8 billones de dólares anuales en comercio, sino que establece estándares en materias como propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente y comercio digital que sirven como referencia en negociaciones con terceros. Un giro proteccionista en la revisión de 2026 enviaría una señal clara a socios de Europa, Asia y América Latina sobre el rumbo de la política comercial estadounidense.

Académicos han caracterizado el T-MEC como un instrumento de reconfiguración hegemónica estadounidense. Según análisis publicado en Revista FAL de la ECLAC, el T-MEC no representa un proceso de integración genuina sino “la búsqueda de una integración bajo la modalidad de zona de libre comercio, cuyo objetivo era recapitalizar a Estados Unidos” en su competencia con nuevos rivales geopolíticos y económicos. Bajo esa óptica, la amenaza de ruptura no representa un fracaso sino una escalada de control: Trump intenta convertir el tratado en un instrumento de subordinación explícita, donde México y Canadá aceptan no solo reglas comerciales sino también restricciones geopolíticas anti-China. Ese movimiento anticipa una reestructuración de cadenas globales donde la geografía norteamericana opera bajo supervisión política explícita de Washington, no bajo mecanismos técnicos supuestamente “neutrales”.

Cronología de confrontación: de la incertidumbre a la ruptura potencial

Para México y Canadá, el desafío inmediato es articular respuestas políticas y técnicas coherentes antes del 1 de julio de 2026. Las intervenciones de cámaras empresariales, sindicatos y gobiernos locales ante el USTR, registradas en las audiencias del 3 al 5 de diciembre, muestran que ambos países entienden el riesgo estructural pero aún no han formulado contrapropuestas audaces. La capacidad de traducir preocupaciones en propuestas concretas —desde recalibración de reglas de origen hasta compromisos innovadores en seguridad, cooperación migratoria y atracción de IED— será determinante para que la amenaza de abandono permanezca como instrumento de presión y no se convierta en realidad política. En caso contrario, una nueva guerra comercial en el continente no es escenario distópico sino una trayectoria probable.

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