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La OTAN se encuentra debatiendo actualmente cómo repartir de manera más equitativa el costo de seguir armando a Ucrania, en un contexto donde la ayuda militar directa de Washington está prácticamente congelada y la guerra entra en una fase de negociación. En el centro del debate está la Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), el mecanismo que permite que aliados y socios financien la compra de armamento estadounidense para Kyiv.
El PURL fue creado en julio como un canal para que otros países de la OTAN compren, con su propio dinero, armamento estadounidense para Ucrania, en momentos en que la administración de Donald Trump dejó de aprobar nuevos paquetes de asistencia militar gratuita. Washington mantiene la voluntad de vender equipos, pero ya no de financiarlos directamente. Desde entonces, solo 11 de los 32 aliados han aportado formalmente a cinco paquetes por un total de US$ 2.500 millones, con la promesa de llegar a US$ 5.000 millones antes de fin de año.
A través de este esquema se financiaron sistemas críticos como las baterías Patriot y otros equipos de alto valor para sostener la defensa aérea y la capacidad de fuego ucranianas. Kiev, que participa activamente en la definición de prioridades, viene insistiendo en que el PURL es hoy uno de los pilares para mantener la línea de frente y mejorar su posición en las negociaciones.
Aliados que “pegan por encima de su peso” y otros que casi no aparecen
La representación ucraniana ante la OTAN estima que necesitaría al menos US$ 12.000 millones el año próximo bajo este mecanismo para poder negociar “desde una posición más segura”. Pero la arquitectura financiera del PURL dejó expuestas diferencias profundas entre los aliados.
Países como Dinamarca, Noruega, Países Bajos o Alemania ya contribuyeron varias veces y ahora Berlín, Varsovia y Oslo se preparan para cofinanciar el próximo paquete. Pero otros miembros de peso, como Italia, siguen sin concretar aportes, más allá de señales políticas de intención. En paralelo, algunos Estados alegan limitaciones objetivas; economías más chicas como Rumania o Montenegro tienen poco margen fiscal para sumar grandes montos, mientras que Hungría se mantiene en una posición abiertamente renuente a reforzar la asistencia militar a Ucrania.
Estados como Reino Unido, República Checa y Francia privilegian canales propios de ayuda, fuera del PURL, lo que alimenta el debate sobre hasta qué punto el esquema refleja o no el esfuerzo real de cada país. Dentro de la Alianza, diplomáticos reconocen crecientes niveles de frustración dado que hay socios que “están haciendo mucho más de lo que su economía sugeriría” y otros que “pegan por debajo de su peso”, aprovechando la cobertura política colectiva mientras asumen un costo financiero menor.
Socios extra-OTAN y el rol de Estados Unidos
Un elemento nuevo en la discusión es el interés de países no miembros de la OTAN, como Australia y Nueva Zelanda, en sumarse al PURL. Sus posibles contribuciones irían en el próximo paquete y funcionarían como señal política de que el sostén militar a Ucrania trasciende a la Alianza Atlántica, en línea con otros formatos de apoyo como el G7 o las coaliciones ad hoc de capacidades.
Para Washington, el PURL también tiene lectura doméstica, ya que cada dólar europeo o aliado que se vuelca al esquema termina financiando producción en fábricas de defensa ubicadas, en buena medida, en estados clave del mapa estadounidense. Analistas señalan que, en un contexto donde la política exterior se vuelve cada vez más transaccional, los aliados deberían comunicar con más énfasis el impacto directo de estas compras sobre empleo e industria local en Estados Unidos, como forma de blindar el apoyo político al mecanismo.
Ante el desafío de sostener el flujo de armas en un escenario de guerra prolongada y negociaciones en marcha, los aliados discuten cómo “institucionalizar” y hacer más flexible el PURL. Una de las propuestas sobre la mesa es abandonar el formato de paquetes rígidos de US$ 500 millones y permitir que los países aporten montos según sus tiempos y capacidades, dentro de un marco anual de referencia. En paralelo, algunos gobiernos afirman que la Unión Europea sigue debatiendo el uso de unos 140.000 millones de euros en activos rusos congelados para financiar un fondo de reparaciones y apoyo a Ucrania, iniciativa que enfrenta resistencias.
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