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- Estados Unidos desplegó la operación naval más grande en décadas en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, movilizando buques de guerra, infantes de marina y un submarino frente a las costas de Venezuela.
- Analistas y organismos internacionales advierten que el operativo podría traspasar normas internacionales y funcionar como mecanismo de presión para una acción directa contra el gobierno de Nicolás Maduro.
- La creciente militarización eleva el riesgo de un choque armado y de una crisis regional, mientras persisten interrogantes sobre la legalidad de los ataques recientes y la ausencia de un plan claro para la estabilidad de Venezuela en caso de un escalamiento.
A finales de agosto de 2025, Estados Unidos lanzó un amplio despliegue militar frente a las costas de Venezuela, acompañando su retórica contra el narcotráfico con buques de guerra, submarinos, infantes de marina y unidades anfibias. Dicho operativo -presentado como parte de una campaña contra los cárteles de la droga- implicó el envío de al menos ocho buques de guerra, un submarino y más de 4.000 efectivos entre marines y marineros.
El argumento oficial apunta a acabar con el narcotráfico, especialmente con redes que Washington considera terroristas. Esto llevó a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, y a incluir a sus presuntos miembros en la lista de “combatientes ilegales” que pueden ser atacados militarmente, aun sin un ataque armado inminente en su contra.
Sin embargo, este movimiento por parte de Estados Unidos llevó a numerosas advertencias respecto a que la operación ya excede la lógica tradicional del “control de drogas”. Expertos en derecho internacional señalan que la destrucción de embarcaciones en aguas internacionales -sin una amenaza inmediata- podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales, violando normas consagradas por convenciones marítimas.
Algunos países de la región, como Colombia o México, cuestionaron la legitimidad de estos ataques, y alertan que el uso de la fuerza en estas condiciones abre un peligroso precedente. Además, advierten que los cárteles y organizaciones criminales son altamente adaptables y que bajo presión podrían cambiar de rutas, métodos o modos de transporte.
¿Herramienta de presión para Maduro?
Pero lo más grave, según estos analistas, es que todo apunta a que este despliegue militar y los ataques constituyen una herramienta estratégica de presión. Un instrumento diseñado no solo para debilitar redes criminales, sino para desestabilizar al gobierno de Maduro, forzar su caída o preparar un terreno para una intervención más directa.
La administración de Trump, si bien negó en público que su objetivo sea un cambio de régimen, mantiene abiertas varias opciones. Entre ellas se contemplan ataques selectivos en el mar, operaciones encubiertas, posible uso de unidades especiales dentro del territorio venezolano, o incluso una ofensiva directa.
Advierten que Estados Unidos deberá buscar un plan de reconstrucción política
Lo cierto es que para muchos la expulsión de Maduro es vista como la única vía para restaurar una democracia funcional, la historia reciente de intervenciones extranjeras ofrece otras lecciones inquietantes. Derribar un gobierno autoritario no garantiza el fin del caos, especialmente si no existe un plan claro de reconstrucción política, social e institucional. El riesgo de un vacío de poder, la emergencia de mafias, milicias o grupos violentos, y una profunda crisis humanitaria -como ya ocurrió- es real.
En línea con esto, El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, instó a una planificación cuidadosa para evitar el desmantelamiento prematuro de las estructuras de Estado. El diplomático destacó: “Si lo rompes, lo arreglas”, poniendo en relevancia la necesidad de que Estados Unidos asuma responsabilidad durante la fase posterior a un posible cambio de régimen.
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