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El histórico conflicto de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina por las Islas Malvinas está impidiendo la creación de un organismo regional de ordenamiento pesquero (RFMO, por sus siglas en inglés) en el Atlántico Sudoccidental, una zona donde flotas extranjeras —principalmente chinas— operan sin regulación efectiva y con crecientes denuncias de sobrepesca, trabajo forzoso y daños ambientales. Así lo advierten empresarios y expertos del sector pesquero internacional, que señalan que la ausencia de un marco institucional facilita la expansión de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en las aguas internacionales adyacentes a las zonas económicas exclusivas (ZEE) de la Argentina y del Reino Unido.
Joost Pompert, propietario de Georgia Seafood en las Islas Malvinas, sostuvo que el estancamiento político entre Buenos Aires y Londres ha dejado la puerta abierta a la flota potera china, que cada año despliega más de 400 buques en el Atlántico Sur. “Hace veinte años estábamos cerca de crear una RFMO, pero el cambio de política argentina interrumpió toda cooperación en petróleo, vuelos y pesca con las Malvinas”, explicó Pompert. “Hoy, Argentina no acepta al Reino Unido, ni a las Malvinas, como Estado costero dentro de una organización de manejo. Sin eso, no hay gobernanza posible”, agregó.
El empresario insistió en que la solución pasa por incluir a Reino Unido, las Islas Malvinas, Uruguay, Chile y Brasil como Estados costeros fundadores de un futuro acuerdo regional, con capacidad para aplicar medidas de control, trazabilidad y conservación sobre las especies migratorias, especialmente el calamar gigante (Illex argentinus), recurso clave en toda la cuenca.
Argentina y el Reino Unido: cooperación posible, pero estancada
Desde la ONG argentina Círculo de Políticas Ambientales, su coordinador de océanos Milko Schvartzman reconoció que existe precedente de cooperación técnica entre ambos países, incluso con diferencias soberanas activas. “Argentina y el Reino Unido son miembros de la CCAMLR, que regula la pesca en aguas antárticas por consenso. Incluso, Argentina ha votado a favor de licencias para buques británicos en zonas que también reclama. Si se pudo cooperar ahí, también se podría hacerlo en un RFMO fuera de las ZEE”, sostuvo Schvartzman.
Sin embargo, fuentes del sector diplomático argentino remarcan que la posición oficial sigue siendo no reconocer jurisdicción británica sobre las Malvinas, lo que hace “jurídicamente inviable” cualquier esquema que las reconozca como Estado costero, aun en un ámbito multilateral. Para Daniel Skerritt, analista de la ONG internacional Oceana, la creación de un RFMO sería “el primer paso para compartir datos y monitorear flotas industriales”, una de las principales carencias en la región. “No es una solución mágica contra la sobrepesca, pero sin una RFMO, no habrá gestión efectiva posible”, subrayó.
Por su parte, Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de Calamasur —comité regional que impulsa la pesca sostenible del calamar gigante en el Pacífico Sur—, señaló que un organismo de este tipo permitiría presionar por límites de captura y control de flotas asiáticas, tal como logró el SPRFMO en el Pacífico. “Un recurso tan importante como el calamar no puede seguir pescándose a ciegas”, advirtió. “En 15 años, China no ha impulsado ninguna medida de conservación en el Pacífico; su rol en el Atlántico es igual de problemático”.
¿Una oportunidad bloqueada por la política?
Sin un marco regional, no hay mecanismos de aplicación ni sanción efectiva, y los incentivos perversos se mantienen. Según la Environmental Justice Foundation (EJF), la falta de cooperación internacional permite que los buques chinos sigan operando sin transparencia, incluso dentro de zonas adyacentes a la ZEE argentina. Y es que el Atlántico Sudoccidental se ha convertido en una de las pocas grandes zonas pesqueras del planeta sin RFMO, lo que afecta tanto a la sostenibilidad ambiental como a los intereses económicos de los países ribereños.
Muchos expertos consideran que la disputa por las Islas Malvinas mantiene paralizado un proceso de gobernanza regional que podría limitar la depredación del calamar y mejorar el control sobre las flotas internacionales, así como también que “las quejas argentinas sobre la sobrepesca no servirán de nada si no hay voluntad de sentarse con Londres”, en palabras de Pompert.
Pero estos informes internacionales culpan a la Argentina por su negativa a incluir al Reino Unido y las Malvinas como actores plenos en un futuro organismo regional, presentando esta postura como un obstáculo a la sostenibilidad. Pero esa narrativa, compartida por buena parte de los think tanks y ONG occidentales, parte de un supuesto político y jurídico que minimiza el reclamo soberano argentino.
En efecto, aceptar al Reino Unido o a las autoridades isleñas como “Estados costeros” implicaría reconocer una ocupación que la Argentina considera ilegal desde 1833 y relegar a segundo plano la cuestión de la soberanía, aún pendiente de resolución por las Naciones Unidas. El Atlántico Sur, escenario de la guerra de 1982 y foco de tensiones permanentes, no puede abordarse únicamente como un problema de gobernanza pesquera. Su dimensión geopolítica sigue siendo central.
Mientras Londres impulsa proyectos de infraestructura y control marítimo desde las islas —como el nuevo puerto de Stanley—, la Argentina enfrenta el desafío de proteger sus recursos sin ceder legitimidad sobre un territorio que considera propio. En ese contexto, la creación de una RFMO podría representar una oportunidad para avanzar en la cooperación regional, pero nunca a costa de la soberanía.
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