Según reportes el gobierno de Nicolás Maduro habría propuesto a la administración de Donald Trump un acuerdo confidencial de reorientación económica que incluiría la entrega de participación preferencial a empresas estadounidenses en los sectores petrolero, gasífero y minero de Venezuela, a cambio de una reducción de sanciones y presión diplomática sobre el régimen chavista.
El plan —que no fue confirmado oficialmente por Caracas ni por Washington— habría formado parte de una serie de contactos discretos entre enviados de ambas partes, encabezados por el exembajador estadounidense Richard Grenell y altos funcionarios venezolanos.

Un acuerdo sin precedentes
Las versiones indican que la propuesta de Miraflores habría contemplado abrir todos los proyectos actuales y futuros de petróleo y oro a empresas estadounidenses, otorgarles contratos preferenciales, y redirigir el flujo de exportaciones energéticas desde China hacia Estados Unidos.
Además, Venezuela se comprometería a finalizar los acuerdos con compañías rusas, chinas e iraníes en los sectores de energía y minería, mientras que Estados Unidos cesaría su apoyo a la oposición venezolana y suspendería las operaciones militares y diplomáticas contra el gobierno de Maduro.

En palabras del propio presidente Trump, que reconoció públicamente las tratativas de manera informal,
“Él ha ofrecido todo, y tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere tener problemas con Estados Unidos.”
Según fuentes consultadas por medios estadounidenses, el objetivo de Maduro habría sido evitar una escalada militar y reabrir los canales comerciales con Washington, en momentos en que las operaciones navales estadounidenses en el Caribe han aumentado tras el lanzamiento de ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico.
Tensión interna en Washington y fin de las conversaciones
Las conversaciones enfrentaron resistencias dentro de la propia administración Trump. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, considerado el principal impulsor de la línea dura hacia Caracas, habría bloqueado la continuidad del canal diplomático, calificando a Maduro de “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Finalmente, la Casa Blanca dio por terminado el diálogo y suspendió los contactos oficiales con Venezuela a comienzos de octubre, decisión que —según los informes— dio por muerto el acuerdo, al menos por ahora.
El desenlace coincidió con el aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe, la expulsión de diplomáticos venezolanos y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio venezolano, en un contexto que muchos analistas interpretan como un retorno a la estrategia de máxima presión.
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