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El juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, resolvió este lunes mantener bajo arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
En su fallo, Moraes sostuvo que la medida se justifica por “la garantía del orden público y la necesidad de asegurar la plena aplicación de la ley penal”. La decisión fue confirmada en un documento judicial al que accedió Reuters.
Un proceso sin precedentes en la democracia brasileña
Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado en septiembre por una mayoría del STF que lo encontró culpable de conspirar para revertir los resultados electorales mediante la organización de un plan insurreccional. La sentencia marcó un hecho inédito en la historia democrática de Brasil: la primera condena penal a un expresidente por intento de golpe de Estado.
El exmandatario cumple prisión preventiva en su residencia de Brasilia, donde recientemente se le autorizó salir de forma temporal para someterse a una cirugía dermatológica bajo supervisión policial.
Alexandre de Moraes, figura clave del proceso
El magistrado Alexandre de Moraes —conocido por su postura firme frente al extremismo político y la desinformación— ha sido uno de los principales impulsores de las investigaciones contra Bolsonaro y su entorno, incluidas las causas por instigación a la violencia, manipulación de redes sociales y ataque a las instituciones democráticas.
Durante su gestión, Moraes ha promovido además una serie de medidas para desarticular las redes digitales que promovieron las protestas del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del STF.
Reacciones y contexto político
El entorno de Bolsonaro aún no ha emitido comentarios oficiales sobre la decisión. Sin embargo, sectores de la derecha brasileña sostienen que el proceso tiene una motivación política y forma parte de una “persecución judicial” contra el exmandatario.
Mientras tanto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evita pronunciarse directamente sobre el caso, aunque ha reafirmado en distintas ocasiones su apoyo a la independencia del Poder Judicial y al fortalecimiento institucional del país.
Un clima de polarización persistente
A casi tres años de las elecciones de 2022, Brasil sigue enfrentando una fuerte polarización política entre los seguidores de Bolsonaro y los del actual presidente Lula.
La decisión del STF podría agudizar las tensiones de cara a los próximos comicios municipales de 2026, en los que se prevé que el bolsonarismo intente conservar influencia a través de sus principales figuras regionales.
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