Numerosas voces con conocimiento del derecho internacional criticaron los ataques de Estados Unidos a supuestas lanchas narco en Venezuela, sosteniendo que no tienen precedentes y violan los preceptos jurídicos que rigen las relaciones entre estados.
Hay que recordar que Donald Trump autorizó hasta el momento tres ataques sobre este tipo de objetivos, realizados por la flota con la que la Marina de Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe sur, cerca de la costa de Venezuela. El primero de los ataques, realizado el 2 de septiembre, terminó con la vida de 11 personas, según reportó Trump, quien dijo que eran narcotraficantes del denominado Tren de Aragua. Diez días después, se realizó otro ataque, en el que habrían muerto seis personas. La última acción contra buques en esta zona se realizó el 3 de octubre, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comunicó un “ataque letal y cinético” donde perdieron la vida cuatro personas. En ninguno de los casos se compartió información sobre la identidad de las víctimas o sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
La administración republicana justificó los ataques aludiendo al “derecho a la autodefensa”, argumentando que las embarcaciones atacadas llevaban droga cuyo destino final era Estados Unidos, lo que daba a sus ocupantes la condición de “terroristas”, o al menos sujetos a las consideraciones de las leyes de guerra sobre enemigos.
Una decisión militar cuestionada desde el derecho internacional
Los argumentos legales esgrimidos por Trump y sus funcionarios para justificar el asesinato de supuestos narcotraficantes en el Caribe chocan con distintas voces con conocimiento del derecho constitucional, incluidas las más conservadoras. John Yoo, que fue miembro del Departamento de Justicia cuando Estados Unidos declaró la guerra a una organización no estatal como Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre durante la administración de George W. Bush, rechazó las justificaciones republicanas.
El antiguo funcionario y académico argumentó en un artículo para la Universidad de Texas en Austin que si bien “el daño causado por los narcóticos ilícitos es innegable (…) Estados Unidos no puede confundir crimen con guerra. Hacerlo ampliaría peligrosamente el rango del uso de la fuerza militar hacia áreas de problemas sociales ordinarios, y erosionaría el estado de derecho”. En este sentido, Yoo diferencia el 2001 del 2025: “La fuerza armada solo está justificada cuando un enemigo nos ataca por razones políticas —como con al Qaeda, Hezbollah, o Hamas— con la violencia que usualmente poseen las naciones (…) pero el uso del ejército no es apropiado contra criminales, incluso carteles poderosos”.
De esta manera, Yoo abre una puerta a la justificación de los ataques sobre las embarcaciones, siempre que pueda probarse que los carteles no actuaron motivados por su negocio ilegal, sino como el brazo armado de un estado enemigo, la Venezuela de Maduro, algo que Trump arguyó pero sin mostrar evidencia.
El profesor de Derecho de la Universidad de Columbia y antiguo director legal internacional de Human Rights First, Gabor Rona, se diferenció de manera más tajante, al describir los ataques como “ejecuciones sumarias o asesinatos selectivos sin ningún precedente en el derecho internacional”. “Si los ocupantes del barco estaban traficando drogas ilícitas destinadas a los Estados Unidos, la respuesta apropiada —enteramente posible y con precedentes— hubiera sido la intercepción, el arresto y el juicio”, argumentó.
Incluso señaló que existen precedentes para considerar este tipo de ataques sin cuartel sobre el narco como crímenes de lesa humanidad, cuando se realizan de manera sistemática o ampliada, como prometió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En este sentido, Rona señaló que el anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, actualmente enfrenta cargos de este tipo ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones sumarias de personas acusadas de estar involucradas en el tráfico de drogas.
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