El 2 de septiembre de 2025, un dron estadounidense lanzó un misil contra una lancha que zarpaba desde la península de Paria, en el estado Sucre, Venezuela. El ataque, que destruyó la embarcación y mató a todos a bordo, puso nuevamente en la mira internacional al litoral oriental venezolano como punto neurálgico del narcotráfico hacia el Caribe.
El presidente estadounidense Donald Trump se atribuyó la operación en su red Truth Social, advirtiendo que “hay más de donde vino eso” y asegurando que la embarcación estaba vinculada al Tren de Aragua, la megabanda venezolana que Washington catalogó como organización terrorista en enero. Sin embargo, investigaciones de campo de InSight Crime señalan que el control del negocio en Sucre responde en gran medida a la estructura del régimen de Nicolás Maduro, más que a los grupos criminales autónomos.
Sucre, un corredor estratégico en el Caribe
El bote atacado habría salido de Arismendi, municipio ubicado a tan solo 80 kilómetros de Trinidad y Tobago, uno de los corredores clave para el tráfico de drogas, armas y migrantes en la región. Habitantes de poblaciones costeras como Valdez, Mariño o Cajigal reconocen que es habitual ver embarcaciones cargadas con cocaína o contrabando antes de cruzar hacia el Caribe.
La crisis económica venezolana ha profundizado esta dependencia. Pescadores, lancheros y comunidades enteras encontraron en el narcotráfico y el contrabando una alternativa frente al colapso del turismo y la caída de la pesca. El ataque aéreo reveló la magnitud de esta dinámica: la mayoría de las víctimas eran residentes de San Juan de Unare, en Arismendi, reclutados por redes criminales para tareas logísticas.
Control estatal sobre el narcotráfico
Lejos de ser un territorio dominado exclusivamente por bandas criminales, Sucre refleja la capacidad del régimen de Maduro para regular las economías ilícitas. Desde 2021, operaciones militares y policiales liquidaron a grupos como el Tren del Llano, que intentaba disputar espacios a redes vinculadas con sectores del propio Estado.
En 2024, tras la captura en Colombia de Carlos Antonio López Centeno, alias “El Pilo”, líder de una facción del Tren de Aragua en Valdez, la presencia gubernamental en la zona aumentó. Incluso redadas en poblaciones como Puerto Santo fueron interpretadas por habitantes locales como represalias por la pérdida de cargamentos asociados a funcionarios de alto nivel.
Incógnitas e impacto en Venezuela
Aunque el Tren de Aragua mantiene influencia en municipios como Valdez, su poder real está mermado y condicionado por la intervención estatal. Allí, la banda aún ejerce funciones de “gobernanza criminal”: desde imponer “justicia” para evitar robos, hasta obligar a jóvenes a pintar edificios públicos o controlar precios en mercados.
Sin embargo, la administración de las rutas del narcotráfico está en manos del Estado, lo que contradice la narrativa de Washington sobre la autoría exclusiva del Tren en los cargamentos. En la práctica, la megabanda funciona como actor subordinado dentro de un esquema dominado por estructuras estatales.
Además, el ataque estadounidense tuvo consecuencias inmediatas sobre la economía local. Muchos residentes vinculados a las redes de apoyo logístico abandonaron la península de Paria, mientras pescadores redujeron sus salidas por temor a nuevos bombardeos. El propio vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió públicamente que “no iría a pescar a esa zona del mundo”.
La pérdida de dólares y euros provenientes del narcotráfico acentuó la precariedad de las comunidades costeras, que hoy dependen de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) para sobrevivir. Un residente de Valdez lo resumió para InSight Crime: “El gobierno metió la mano para quedarse con el negocio”.
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