Nicolás Maduro evaluaría decretar el estado de conmoción en Venezuela, una medida que está sobre la mesa mientras crece la tensión con Estados Unidos.
El estado de conmoción es un mecanismo previsto en la constitución venezolana, donde se suspenden temporalmente algunas garantías constitucionales. Como su nombre lo indica, debe definirse por un plazo temporal acotado, algo que la Carta Magna de Venezuela deja en claro en su artículo 337 cuando dice “podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución”.
La posibilidad de definir el estado de conmoción corresponde al Poder Ejecutivo, aunque tanto el decreto original como su eventual prórroga deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La posibilidad de que se ponga en marcha este mecanismo surge en el contexto de una mayor presencia estadounidense en la región.
Fuentes del régimen aseguraron a el diario El País que el reciente despliegue de una flota de la Marina de Estados Unidos en la costa del Caribe Sur -con la justificación de luchar contra el narcotráfico- parece haber sumido a la dirigencia chavista en una paranoia sin precedentes: “Nunca habíamos vivido una situación parecida. Hay mucho desconcierto”. Las mismas fuentes aseguran que Miraflores “se prepara como si una guerra fuera inminente. Lo primero, vigilar a los posibles traidores. Lo segundo, reclutar al número máximo de combatientes”.
Maduro hizo público su deseo de ampliar el reclutamiento para las Milicias Populares venezolanas y la reserva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En agosto, llevaron adelante una importante campaña que, en sus palabras, añadió cerca de 8 millones de efectivos a estos cuerpos armados.
El despliegue de Estados Unidos en las costas de Venezuela
En los últimos días de agosto, la llegada de siete buques de guerra estadounidenses y un submarino nuclear al Caribe sur marcaron un punto crítico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Los funcionarios norteamericanos aseguraron que el despliegue, que incluye destructores, buques anfibios y aeronaves de vigilancia, forma parte de una operación destinada a combatir a los cárteles de la droga en América Latina.
En paralelo, el Departamento de Justicia con sede en Washington D.C declaró que Nicolás Maduro y otros miembros del régimen venezolano forman parte del denominado Cartel de los Soles, un término que engloba las infiltraciones que el narcotráfico tiene en el gobierno de Caracas, y que permitirían el paso de drogas a través del territorio de Venezuela.
A partir de esta acusación, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, justificando así el despliegue militar en el Caribe.
Venezuela, por su parte, movilizó tropas hacia la costa y la frontera con Colombia, a la par que adoptó otras medidas como la prohibición del sobrevuelo de drones por un mes. Diplomáticamente, Venezuela obtuvo el respaldo de los países que conforman la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), que condenó el despliegue de buques al Caribe al señalar que constituye una “amenaza a la paz y a la estabilidad de la región”.
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