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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno de 1980 a 2000.
El Ejecutivo tenía hasta el 15 de agosto para promulgarla o devolverla al Parlamento con observaciones, pero Boluarte decidió firmarla, acompañada por congresistas de Fuerza Popular y exmilitares.
Reacciones y tensiones con la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el 24 de julio suspender el trámite de la ley, para proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta. Boluarte ignoró la orden, repitiendo un patrón ya visto en otras decisiones, como la liberación del expresidente Alberto Fujimori en 2023 y la aprobación de la prescripción para crímenes de guerra previos a 2003 en 2024.
La ceremonia de promulgación generó indignación por la presencia de Juan Rivero Lazo, fundador del grupo paramilitar Colina y condenado a 25 años por ejecuciones extrajudiciales, liberado en diciembre. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron que la ley deja sin justicia a miles de familias y convocaron manifestaciones, declarando duelo nacional y marchando vestidos de negro.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó unas 70.000 víctimas fatales y más de 20.000 desaparecidos, responsabilidad compartida entre grupos insurgentes y fuerzas estatales. La decisión de Boluarte reabre el debate sobre memoria, justicia y rendición de cuentas en el país.
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