El gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum está a punto de cerrar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que podría convertirse en la llave para frenar el endurecimiento arancelario impulsado por Donald Trump. El entendimiento, aún en negociación, contempla acciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo, un mayor intercambio de inteligencia y medidas para frenar el contrabando de armas desde el norte hacia territorio mexicano, acciones que profundizan el crimen organizado.

El pacto llegaría en un momento crítico: Trump pospuso esta semana el aumento de aranceles a productos mexicanos por 90 días, una decisión directamente vinculada al progreso en las conversaciones de seguridad.
Trump exige que México actúe para frenar el flujo de drogas y personas hacia la frontera sur de Estados Unidos. Según sostuvo, mientras no se resuelva la “doble crisis” del narcotráfico y la inmigración ilegal, México continuará pagando aranceles del 25% sobre los productos no cubiertos por el T-MEC.
El acuerdo político-comercial: seguridad primero, beneficios después
La estrategia estadounidense parte de un principio: sin cooperación efectiva en materia de seguridad, no habrá flexibilización arancelaria. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue tajante al respecto: “Durante los próximos 90 días, trabajaremos juntos para resolver estos problemas de una vez por todas”. La amenaza de nuevos aranceles sigue sobre la mesa, y desde la administración Trump se ha dejado claro que no habrá concesiones unilaterales.

Desde la Casa Blanca también destacaron un “notable aumento” en la colaboración bilateral, un cambio de tono respecto a semanas anteriores, cuando Trump denunciaba que México se había convertido en el “patio de recreo” de los cárteles.
Además del frente antidrogas, el acuerdo en ciernes podría incluir cláusulas energéticas vinculadas al gas natural y a la participación de empresas estadounidenses en proyectos estratégicos. También se buscaría avanzar en mecanismos para destrabar conflictos comerciales puntuales, como los aranceles al acero, el cobre y los tomates.
México busca evitar trato desigual frente a Canadá
La reactivación de la agenda bilateral se da en un contexto de revisión inminente del T-MEC, que será objeto de evaluación formal en 2026. Mientras tanto, las condiciones arancelarias impuestas por Trump afectan de manera desigual a los socios del bloque.

El gobierno de Sheinbaum considera esta diferencia como un logro parcial, aunque advierte que la presión política no ha cesado. Las industrias exportadoras mexicanas —especialmente las vinculadas a metales e insumos industriales— continúan siendo fuertemente impactadas. Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el país se prepara para una revisión más profunda del acuerdo comercial.
Tensiones históricas y límites a la cooperación
Si bien las autoridades mexicanas han incrementado los operativos en zonas fronterizas, desplegado a la Guardia Nacional y extraditado a decenas de personas con causas penales vinculadas al narcotráfico, también existen límites a la presencia y acción de Estados Unidos en suelo mexicano. El partido oficialista Morena ha sido enfático en evitar cualquier forma de injerencia o extralimitación por parte de Washington.

Sheinbaum subrayó que, si bien se busca cooperación, también se protegerá la soberanía. Las tensiones por el bloqueo a bancos mexicanos, las restricciones financieras impuestas por el Tesoro de EE. UU. y la presunta cancelación de visas a políticos locales siguen alimentando el recelo.
Una pausa de 90 días, no una tregua definitiva
Con este escenario, el pacto de seguridad representa un intento de desactivar temporalmente la presión comercial, pero no resuelve el conflicto de fondo. “Esto le da más tiempo a México, pero no resuelve el problema”, advirtió Alejandro Schtulmann, analista político en Ciudad de México.

Mientras tanto, el reloj corre. La firma del acuerdo podría concretarse la próxima semana, y con ella, una nueva etapa en la compleja relación entre los dos países: marcada por la mutua necesidad, los desequilibrios estructurales y una negociación constante entre cooperación y presión.
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