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La empresa británica Rockhopper Exploration anunció que ha asegurado un nuevo financiamiento por hasta 140 millones de dólares (aproximadamente 105 millones de libras) para avanzar con la primera fase del controvertido proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. Esta inyección de capital —obtenida mediante la colocación de más de 198 millones de nuevas acciones— consolida el avance del emprendimiento energético británico-israelí, pese a las objeciones diplomáticas y legales planteadas por Argentina respecto de la soberanía del territorio.
El megaproyecto, calificado como ilegal por el Gobierno argentino, se sitúa a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en el denominado Bloque 14/10, dentro de las licencias de producción PL032 y PL004b, emitidas de forma unilateral por el Reino Unido. Rockhopper posee una participación del 35%, mientras que la firma israelí Navitas Petroleum, que adquirió el 65% restante en 2022 tras la retirada de Harbour Energy, actúa como operadora principal.
El reciente fondeo permitirá a Rockhopper encarar la perforación de siete pozos productores de crudo, junto con un pozo inyector de gas y tres de agua, dentro de la primera etapa del proyecto. Según la compañía, de mantenerse las condiciones favorables, la segunda fase podría ser autorizada rápidamente tras el inicio de la producción de la Fase 1, la cual prevé un pico de producción diaria de 55.000 barriles. A largo plazo, el esquema contempla alcanzar una producción máxima de 150.000 barriles diarios y expandirse hacia el bloque Isobel-Elaine, lo que aumentaría aún más el volumen de crudo extraído en aguas disputadas.
Desde su descubrimiento en 2010, el campo Sea Lion ha sido objeto de múltiples estudios sísmicos, campañas de perforación y acuerdos de financiación. Pese a las postergaciones, en especial por la falta de respaldo crediticio firme, el Final Investment Decision (FID) está proyectado ahora para el último trimestre de 2025, según declaraciones del CEO de Rockhopper, Sam Moody. “Estamos en la mejor posición posible para alcanzar la decisión final este año y completar la Fase 1 sin más dilución accionaria”, afirmó.
El desarrollo se apoya en una infraestructura offshore basada en una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) reacondicionada. En fases posteriores, se prevé el uso de un buque de mayor capacidad para ampliar la extracción en otras zonas de la cuenca norte del archipiélago.
El informe de recursos elaborado por Netherland Sewell & Associates (NSAI), contratado por Navitas, estimó un potencial recuperable de 1.7 mil millones de barriles de crudo de alta calidad, clasificados en tres áreas (norte, central y sur). Dentro del Área Norte, la Fase 1 contempla 11 pozos y 170 millones de barriles, la Fase 2 añade 12 pozos con 149 millones adicionales y la Fase 3 sumará 16 pozos más, con un volumen estimado de 95 millones de barriles.
No obstante, más allá de la dimensión técnica y económica del proyecto, el caso involucra implicancias geopolíticas y de soberanía. Desde hace años, Argentina ha denunciado el accionar unilateral del Reino Unido en la región y la concesión de licencias a empresas extranjeras que operan sin su consentimiento. A pesar de ello, el actual gobierno argentino no ha emitido declaraciones ni desde la Presidencia ni desde la Cancillería frente a estos recientes avances. La falta de respuesta oficial contrasta con la creciente consolidación del proyecto Sea Lion, que se perfila como el principal emprendimiento de explotación hidrocarburífera británica en el Atlántico Sur.
El avance de Rockhopper y Navitas en aguas en disputa refuerza el control de facto del Reino Unido sobre los recursos naturales del archipiélago y plantea nuevos desafíos para la estrategia argentina de reclamo soberano. Mientras las perforaciones se aproximan y los fondos se aseguran, el Atlántico Sur vuelve a encenderse como un espacio de disputa energética y diplomática.
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