El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rubricó este miércoles una ley que autoriza al Servicio de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) a establecer y operar centros de detención preventiva bajo su control directo, eliminando casi dos décadas de supervisión exclusiva del Ministerio de Justicia. La medida oficializa un cambio legal que consolidará el control del FSB sobre personas investigadas por delitos de seguridad nacional.
En este sentido, la normativa implica que, a partir del 1 de enero de 2026, el FSB podrá definir estándares propios sobre las condiciones de detención, transporte e investigación de sospechosos, sin estar sujeto a la ley federal ni al Código Penal o al Procedimiento Penal, según explican analistas legales. La justificación gubernamental alega que se busca “proteger mejor los secretos de Estado” en el marco de la guerra contra Ucrania, en medio de un aumento significativo de casos de espionaje y terrorismo.
Se transferirán al menos siete centros de detención del Ministerio de Justicia al FSB, incluyendo el centro de Lefortovo en Moscú, conocido por albergar a presos políticos y acusados de espionaje. Estas instalaciones eran inicialmente administradas por el FSB y solo en 2006 fueron pasadas al sistema penitenciario como parte de los compromisos de Rusia con el Consejo de Europa.
Expertos como Soldatov y Borogan alertan que la ley representa un paso hacia un sistema autoritario de represión, digno de un “nuevo Gulag”. Según ellos, el proyecto forma parte de un despliegue logístico de poder que incluye trenes, barcos y aviones para transportar detenidos, junto con la facultad de imponer disciplina interna sin supervisión externa.
En contraste, defensores oficiales argumentan que el rezago legal tras la salida de Rusia del Consejo de Europa en 2022 elimina cualquier obligación de mantener estándares occidentales sobre derechos humanos. El diputado Vasily Piskaryov, coautor del proyecto, afirmó que la reforma responde a un incremento de hasta cuatro veces en el número de acusados por delitos estatales durante la última década.
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