Este martes, el comité de investigación sirio hizo público su informe sobre la escalada de violencia relacionada con la minoría religiosa alauita en Siria, donde más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, murieron en varios días desde principios de año. La comisión dijo que había identificado a 298 sospechosos implicados en graves violaciones.
Los alauitas pertenecen a una rama del Islam chiita surgida en los siglos IX y X. Son una pequeña minoría en Siria que se alzó con el poder durante el gobierno de la familia Assad, que duró más de 50 años y terminó con un derrocamiento en 2024.
El pasado mes de marzo, un episodio de violencia se registró en una región predominantemente alauita de la costa siria, donde las fuerzas gubernamentales y grupos aliados fueron acusados de llevar a cabo ejecuciones contra civiles, en su gran mayoría. En su momento, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que habían muerto más de 1.700 personas.
El reciente informe de la comisión afirmaba que no había pruebas de que la cúpula militar siria ordenara ataques contra la comunidad alauita. Pero en los últimos días se han registrado enfrentamientos en los que miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno, presuntamente, han matado a cientos de civiles de la minoría religiosa.
Nueva oleada de violencia
Los números fueron publicados tras una nueva oleada de violencia, en la que se ha visto implicada la comunidad drusa del país. Para muchos, la situación en Siria plantea nuevas dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno para gestionar las tensiones sectarias y mantener la seguridad.
La investigación de la comisión documentó “graves violaciones contra civiles los días 7, 8 y 9 de marzo, incluidos asesinatos, asesinatos premeditados, saqueos, destrucción e incendio de viviendas, torturas e insultos sectarios”, según el portavoz Yasser al-Farhan en una conferencia de prensa. Además, las autoridades han acusado a hombres armados de Al Assad de instigar la violencia, lanzando ataques en los que murieron decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.
La comisión dijo que basó su informe en más de 30 visitas sobre el terreno y reuniones con decenas de personas en las ciudades y pueblos donde se produjeron las escaladas de violencia. En consonancia, Al-Farhan dijo que la comisión había identificado a personas “vinculadas a ciertos grupos y facciones militares” entre los implicados y añadió que creía que “violaron órdenes militares y son sospechosos de cometer violaciones contra civiles”.
El presidente del Comité, Jumaa al Anzi, afirmó que no hay pruebas de que los dirigentes [militares] dieran órdenes de cometer violaciones. Sin embargo, grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han denunciado la muerte de familias enteras, incluidas mujeres, niños y ancianos, pese a que la violencia ha cesado en cierto punto.
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