Activistas pro Palestina fueron detenidos en el Reino Unido tras irrumpir en una base aérea de la Real Fuerza Aérea (RAF) en protesta por el apoyo británico a Israel. Cuatro personas, presuntamente vinculadas al grupo Palestine Action, fueron arrestadas por la policía antiterrorista tras ingresar a las instalaciones de la base Brize Norton y dañar aeronaves militares. La acción generó una fuerte respuesta gubernamental, mientras crecen las manifestaciones en Londres contra la posible proscripción del movimiento, acusado de terrorismo por sus acciones contra fábricas de armas británicas que abastecen a Israel.
Protesta pro Palestina termina con arrestos y acusaciones de terrorismo
Cuatro activistas vinculados al movimiento Palestine Action fueron detenidos por la policía antiterrorista del Reino Unido tras irrumpir en una base aérea de la RAF. El hecho ocurrió en Brize Norton, Oxfordshire, donde los manifestantes ingresaron a las instalaciones militares y dañaron dos aeronaves, en el marco de una protesta contra el apoyo británico a Israel y su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Los detenidos, tres adultos jóvenes y una mujer, fueron acusados de “comisión, preparación o instigación de actos terroristas” según la Ley de Terrorismo de 2000.
El grupo Palestine Action confirmó su autoría del hecho y denunció la respuesta estatal como “represiva”, argumentando que los arrestos por vandalismo con pintura roja no justifican cargos por terrorismo. La acción generó fuerte repercusión mediática y política: el primer ministro Keir Starmer calificó el episodio como “vergonzoso”, mientras que la ministra del Interior, Yvette Cooper, anunció su intención de prohibir formalmente el movimiento. La protesta se enmarca en una campaña más amplia contra empresas británicas proveedoras de armamento a Israel
Palestine Action, en la mira del gobierno británico
El gobierno del Reino Unido anunció su intención de proscribir a Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo de 2000, en una decisión que desató polémica y protestas masivas. De concretarse, esta medida equipararía al grupo de activistas con organizaciones como Al Qaeda o ISIS, convirtiendo en delito su sola afiliación o el acto de brindarles apoyo. Desde su fundación en 2020, Palestine Action ha llevado a cabo acciones directas contra fábricas de armamento británico asociadas con Israel, denunciando su complicidad en lo que describen como un “genocidio en Gaza”.
La respuesta del gobierno fue calificada de desproporcionada por organizaciones como Amnesty International y CAGE International, que advierten sobre un grave retroceso en materia de libertades civiles. A pesar de la amenaza de ilegalización, el grupo ha asegurado que continuará su campaña de protesta y ha iniciado acciones legales para frenar la proscripción, obteniendo un amplio respaldo social y económico: en apenas unos días, recaudaron más de 79.000 libras para costear su defensa legal.
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