El gobierno argentino adjudicó la compra de ocho nuevos cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco de su estrategia para garantizar el abastecimiento energético durante los meses de mayor consumo invernal. Con esta operación, el país ya suma 22 buques importados en lo que va del año.
La licitación se realizó la semana pasada y forma parte del esquema delineado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en su informe presentado al Congreso en abril anticipó que durante 2025 se proyecta importar un total de 29 barcos de GNL. Este volumen equivaldría a unos 1.600 millones de metros cúbicos de gas natural, con un costo estimado en torno a los 740 millones de dólares, superando los 671 millones erogados en 2024 por la adquisición de 28 buques.
Precios y adjudicaciones previas
La política energética de este año ha estado marcada por compras escalonadas. En marzo, se licitaron seis cargamentos que fueron adjudicados a BP con un precio promedio de 13,66 dólares por millón de BTU.
La actual adjudicación representa la tercera licitación relevante del año y revela un leve incremento en los valores de referencia en comparación con el mes anterior, lo que refleja tanto la volatilidad del mercado internacional como las presiones estacionales que enfrenta el país.
Obstáculos estructurales y mayor dependencia del GNL
El plan energético oficial había contemplado una reducción progresiva de las importaciones de GNL a partir de 2025, a medida que avanzaran las obras de infraestructura necesarias para transportar el gas de Vaca Muerta hacia el norte argentino. Sin embargo, las demoras en la reversión del Gasoducto Norte —una obra estratégica para redistribuir el gas producido en la Cuenca Neuquina— obligaron al gobierno a reconfigurar su cronograma y a ampliar la dependencia de las importaciones durante el presente invierno.
La falta de finalización en tiempo y forma de las obras de transporte de gas condiciona el margen de maniobra del Ejecutivo para diversificar las fuentes de suministro o reducir los costos mediante un mayor aprovechamiento del gas no convencional nacional.
Este escenario, además de aumentar la presión fiscal por el mayor costo de las importaciones energéticas, resalta la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura energética que permitan reducir la vulnerabilidad externa y aprovechar de manera más eficiente el potencial gasífero doméstico.
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