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La Corte Suprema de Brasil alcanzó el 11 de junio una mayoría histórica que para determinar la responsabilidad de las empresas de redes sociales por el contenido ilegal publicado por sus usuarios. El 12 de junio, el fallo logró 7 votos a 1 a favor de la inconstitucionalidad del nuevo artículo y de la posibilidad de responsabilizar civilmente a las plataformas.
Tras el voto del juez Alexandre de Moraes, el proceso fue interrumpido y está previsto que continúe el día 25 de junio. La decisión permitirá que plataformas como Meta, X (antes Twitter) y Microsoft puedan ser demandadas y sancionadas por publicaciones que incluyan violencia, pornografía infantil o desinformación, sin necesidad de una orden judicial previa.
Una decisión que acerca a Brasil al modelo europeo de regulación digital
En un proceso inédito, la Corte Suprema de Brasil alcanzó la mayoría necesaria para que las empresas de redes sociales sean legalmente responsables por el contenido ilegal que publican sus usuarios, incluso sin que medie una orden judicial. La decisión afecta directamente a plataformas como Meta, X y Microsoft, y redefine los criterios de responsabilidad sobre el contenido ilegal difundido en línea. De ser aprobado, el nuevo estándar obliga a estas compañías a actuar con mayor diligencia para evitar publicaciones peligrosas o delictivas, como las vinculadas a violencia, fraude o explotación infantil.
Este proceso representa un cambio radical respecto a la legislación anterior, que solo permitía sancionar a las plataformas si no retiraban el contenido tras una orden judicial. Ahora, las empresas deberán adoptar medidas proactivas de moderación, similares a las exigidas por la Unión Europea. Según especialistas, esto implica que los gigantes tecnológicos deberán invertir en sistemas más robustos de revisión y moderación en tiempo real. La resolución también responde al aumento de casos de violencia impulsada por redes.
¿Regulación o censura? La decisión divide opiniones
La medida ya generó fuertes reacciones dentro y fuera de Brasil. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió sobre la posibilidad de imponer restricciones de visa a funcionarios extranjeros presuntamente involucrados en la censura de ciudadanos estadounidenses, señalando directamente al juez de Moraes, uno de los impulsores del proceso. Por su parte, sectores empresariales y organizaciones digitales en Brasil alertaron que este nuevo marco legal podría incentivar la censura preventiva por parte de las plataformas, que optarían por eliminar contenido legal pero polémico ante el riesgo de sanciones.
En este contexto, la Cámara Brasileña de la Economía Digital advirtió que la responsabilidad automática podría favorecer a las grandes corporaciones con infraestructura jurídica, en detrimento de actores nacionales más pequeños, afectando la innovación y la libre competencia. Aunque el Congreso aún podría revertir o modificar el fallo mediante una nueva ley, la decisión de la Corte marca un fuerte precedente.
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