El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó el despliegue de 1.115 efectivos militares adicionales en servicio activo para reforzar las operaciones en la frontera suroeste del país, elevando el número total de tropas desplegadas en la zona a cerca de 10.000.
De acuerdo con voceros del grupo de trabajo militar que supervisa la misión, las nuevas unidades estarán asignadas principalmente a tareas de ingeniería, logística y apoyo en la construcción de infraestructura, incluyendo atención médica, mantenimiento vial y servicios conexos. A la fecha, el número de soldados desplegados representa un incremento de aproximadamente 6.500 efectivos respecto del inicio del actual mandato presidencial.
El despliegue reciente refuerza una tendencia creciente hacia la militarización del control fronterizo, que ha incluido el uso de activos estratégicos como aeronaves de vigilancia, helicópteros, vehículos blindados Stryker y unidades navales.
Esta reclasificación territorial ha sido presentada como una alternativa legal a las restricciones impuestas por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación directa del ejército en tareas de aplicación de la ley en el ámbito doméstico, a menos que se active formalmente la Ley de Insurrección. En este contexto, al redefinir zonas de la frontera como bases militares, se habilita a los soldados a intervenir directamente sin necesidad de declarar un estado de excepción.
La implementación de esta política ya ha enfrentado cuestionamientos judiciales. Un juez federal desestimó recientemente los cargos contra un centenar de migrantes detenidos por ingresar en tierras reclasificadas en Nuevo México, alegando que no habían recibido advertencias suficientes que indicaran que se trataba de territorio militar.
En el plano político, diversos legisladores del Partido Demócrata han manifestado su oposición a la misión, argumentando que se trata de un uso ineficiente de recursos castrenses y que podría comprometer la preparación operativa de las fuerzas armadas para responder a amenazas estratégicas externas. También han señalado la falta de claridad en los objetivos de la operación, especialmente en lo que respecta al significado de “control operativo del 100%” mencionado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
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