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A 100 días del comienzo de la segunda administración Trump, un reciente informe de Amnistía Internacional advierte sobre el impacto global de las políticas del mandatario a nivel global. Según señala el documento, las decisiones del presidente de EE.UU. están directamente relacionadas con el agravamiento de la crisis humanitaria, en un contexto de retrocesos globales en derechos humanos y el resurgimiento de prácticas autoritarias.
¿En qué consiste el “efecto Trump”?
En términos de Amnistía Internacional, la ofensiva contra los derechos humanos impulsada por el gobierno Trump está acelerando tendencias dañinas que ya venían en crecimiento, desmantelando los mecanismos internacionales de protección y poniendo en riesgo a miles de millones de personas en todo el mundo. La advertencia de la organización tuvo lugar en el marco de la presentación de su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo.
En este sentido, Amnistía Internacional advierte que el llamado “efecto Trump” ha intensificado el daño causado por otros líderes mundiales a lo largo de 2024, debilitando décadas de esfuerzos en favor de los derechos humanos universales. Según su evaluación en 150 países, este fenómeno está acelerando la entrada de la humanidad en una nueva y peligrosa etapa, marcada por la convergencia de prácticas autoritarias y la avaricia corporativa.
Amnistía Internacional denuncia un panorama alarmante
Durante 2024, Amnistía Internacional documentó una alarmante expansión de leyes y políticas autoritarias que atacan las libertades de expresión, asociación y protesta pacífica. Esta ofensiva global contra los derechos humanos incluyó desde la clausura de medios de comunicación y la disolución de ONG y partidos políticos, hasta la criminalización de activistas climáticos, defensores de derechos humanos y manifestantes solidarios con Gaza. En muchos casos, los gobiernos recurrieron a cargos infundados de “terrorismo” o “extremismo” para encarcelar a voces disidentes y consolidar su poder.
Asimismo, las fuerzas de seguridad en varios países emplearon detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y el uso excesivo, y en algunos casos letal, de la fuerza para sofocar la protesta social. En paralelo, la suspensión inicial de la ayuda exterior de EE.UU. tuvo consecuencias humanitarias directas, como el colapso de programas esenciales en Siria y Yemen. En este último país, el corte abrupto de fondos forzó el cierre de tratamientos contra la desnutrición infantil, refugios para sobrevivientes de violencia de género y servicios médicos para niños con cólera y otras enfermedades.
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