Según lo anunciado por el gobierno ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas, puntualmente las autoridades de Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur (GSGSSI), entró en vigor el pasado 22 de abril las medidas de mejora de las áreas marinas protegidas (AMP), ampliando en simultáneo el espacio de la actividad pesquera. La noticia surge luego la firma oficial de la nueva legislación por parte de la “gobernadora” de las Islas Malvinas y “comisionada” de Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur, Alison Blake, según el ocupante gobierno británico.
Las protecciones que plantea esta nueva medida fueron anunciadas a principios del 2024, cuando se propuso ampliar las zonas vedadas a la actividad pesquera. En su momento, la Cancillería argentina convocó a la embajadora británica, Kirsty Hayes, para expresar su preocupación por la visita del ex primer ministro, David Cameron, a las islas, donde anunció la idea de extender la zona marina protegida en aguas cercanas a las islas.
Ahora, la Zona marina protegida (AMP, por sus siglas en inglés) es mucho más significativa. Las designadas “Zonas de veda” abarcan más de 470.000 km², el 38% de la AMP. Otros 31.000 km² de zonas pelágicas cerradas significan que la pesca de krill está ahora prohibida en más de medio millón de km² dentro de la AMP.
Pese a todo, las autoridades de la Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur afirmaron que estas medidas buscan limitar la pesca y continuar regulando el accionar de la población en el sector, que junto al turismo es uno de los más económicamente rentables. Asimismo, la justificación del ilegal gobierno británico plantea que las zonas de vedsa “protegen los hábitats marinos más biodiversos y potencialmente vulnerables”, promocionando la pesca sostenible.
En su momento, el viaje de Cameron a Malvinas fue interpretado por Argentina como una provocación, principalmente porque la ampliación de la zona marina protegida implica restricciones totales a la navegación y la pesca en un área del Mar Argentino. En paralelo, ignora las constantes reclamaciones soberanas de la Argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, que en consonancia prohíben el accionar unilateral del Reino Unido en el territorio.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno argentino y su respectiva Cancillería no han emitido comentarios al respecto.
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