Teherán convocó al encargado de negocios argentino en Irán, Mariano Jordán, como respuesta oficial al pedido de la Fiscalía argentina de emitir una orden internacional de detención contra el líder supremo iraní, Ali Jameneí. Esta medida, vinculada a la causa por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, fue calificada por el gobierno iraní como una violación grave del derecho internacional y un acto de confrontación política.
El director general de Asuntos de América de la Cancillería iraní, Isa Kameli, fue el responsable de entregar una nota de protesta formal al diplomático argentino en nombre del gobierno de la República Islámica. Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Kameli expresó una “enérgica condena” hacia las acusaciones formuladas por la Fiscalía argentina, considerándolas “infundadas” y parte de un proceso judicial “altamente politizado”.
Desde la perspectiva iraní, esta nueva imputación judicial constituye una desviación más en el extenso expediente del caso AMIA, en el que murieron 85 personas en uno de los peores ataques terroristas de la historia argentina. Kameli sostuvo que la causa ha sido manipulada por “elementos vinculados al régimen sionista”, en alusión directa a Israel, un actor que Teherán no reconoce diplomáticamente y al que acusa de influenciar decisiones judiciales internacionales para desacreditar a Irán.
El pedido de captura, solicitado por el fiscal Sebastián Basso al juez federal Daniel Rafecas, plantea que Jameneí, como máxima autoridad del Estado iraní, habría autorizado la planificación y ejecución del atentado. La solicitud se fundamenta en que, bajo la estructura de poder iraní, ninguna operación en el extranjero puede desarrollarse sin la aprobación directa del líder supremo. La inclusión de Jameneí en el proceso marca un giro en la posición histórica de la Fiscalía, que hasta ahora había considerado que su cargo le otorgaba inmunidad.
En el contexto de un juicio en ausencia contra otros funcionarios iraníes imputados, la petición de detención del líder supremo adquiere una magnitud inédita, generando una fuerte reacción de Teherán. Kameli advirtió que esta acción no solo vulnera la soberanía e igualdad jurídica entre Estados, principios fundamentales del derecho internacional, sino que también podría derivar en “consecuencias jurídicas y políticas severas” para Argentina.
Además, Irán reafirmó su derecho, conforme al marco normativo internacional, a adoptar “medidas necesarias y apropiadas” para defender sus intereses nacionales frente a lo que considera un uso instrumental de la justicia con fines políticos.
Desde Argentina, la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA sostiene que el atentado fue ejecutado por el brazo armado Hezbolá, con apoyo logístico y financiero de funcionarios iraníes y de su embajada en Buenos Aires. A casi 31 años del atentado, el caso continúa siendo un punto neurálgico tanto en la política interna argentina como en su posicionamiento internacional.
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