A pesar de la orden de dos tribunales de frenar las expulsiones de inmigrantes venezolanos, Estados Unidos ha reanudado los traslados a El Salvador bajo la acusación de vínculos con organizaciones criminales, donde la medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha generado críticas por la falta de garantías procesales y las denuncias de deportaciones arbitrarias.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes el envío de un nuevo grupo de venezolanos a El Salvador, donde fueron trasladados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).
El traslado, realizado la noche del domingo, se llevó a cabo a pesar de la prohibición impuesta por el juez de distrito de DC James Boasberg y la Corte de Apelaciones del mismo distrito, que habían ordenado frenar estas deportaciones.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó imágenes de la llegada de los deportados a bordo de un avión militar, mostrando su ingreso a la cárcel bajo estrictas medidas de seguridad, no obstante, al igual que en operativos anteriores, no se divulgaron las identidades de los detenidos ni pruebas concluyentes de su vinculación con organizaciones criminales.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha endurecido las políticas migratorias, declarando al Tren de Aragua y a la MS-13 como organizaciones terroristas, esta decisión le ha permitido aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para facilitar expulsiones sin un debido proceso judicial.
Bajo esta normativa, más de 230 venezolanos han sido enviados a El Salvador en operativos anteriores, con señalamientos basados en tatuajes y otros indicios visuales sin pruebas concretas de actividad criminal, incluso cuando el juez Boasberg ordenó detener un vuelo con deportados que ya estaba en ruta, la aeronave aterrizó en El Salvador sin ser devuelta a Estados Unidos.
El régimen de Nicolás Maduro ha calificado estos traslados como “secuestros” y ha exigido explicaciones a Washington, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que los vuelos de deportación no han incluido miembros del Tren de Aragua y que muchos de los expulsados no tienen antecedentes criminales en Venezuela.
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