El Salvador recibió el 16 de marzo a 238 ciudadanos venezolanos deportados de Estados Unidos por orden expresa de Donald Trump. Los individuos en cuestión fueron señalados como miembros de la organización criminal Tren de Aragua, motivo por el cual fueron recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Dicho establecimiento se consolida como un emblema del gobierno salvadoreño: una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar hasta 40.000 reclusos.
Una vez dentro del CECOT, los presos siguen un estricto régimen disciplinario, que incluye la ausencia de visitas y de salidas al exterior. Las condiciones dentro del establecimiento se condicen con la severidad de “modelo Bukele”, apodo que ha recibido el severo enfoque del presidente con respecto al crimen organizado. Instalaciones como comedores, gimnasio, y sala de descanso no están habilitadas para los presidiarios, solo para los guardias. En la misma línea, no están contemplados programas de reinserción para los reclusos, escenario que descarta la posibilidad de que se reintegren a sus comunidades de origen.
Cooperación entre El Salvador y Estados Unidos
Tras la designación de Tren de Aragua como organización terrorista extranjera a fines de febrero de 2025, el gobierno de Trump continúa apostando a una política de “mano dura” en relación a la delincuencia. Previamente, el 3 de febrero, El Salvador y Estados Unidos concretaron un acuerdo migratorio bilateral, a fines de, entre otros motivos, proceder a la deportación de migrantes irregulares que hubieran cometido graves delitos en territorio estadounidense. A cambio de recibir estos criminales en su sistema penitenciario, El Salvador recibirá US$ 20.000 al año por recluso, dinero que permitirá sostener el costoso aparato de seguridad salvadoreño.
Aumenta la tensión entre la administración Trump y el poder judicial
La decisión de llevar adelante las deportaciones hacia El Salvador no estuvo exenta de controversias. James Boasberg, juez encargado del caso en Estados Unidos, había prohibido el 15 de marzo las deportaciones bajo la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros, y carentes de garantías jurídicas. De igual manera, Boasberg había dado la orden de regresar a Estados Unidos a aquellos vuelos que ya estuvieran rumbo a El Salvador con los indivuos expulsados. El juez ha emitido un escrito en donde señala que la administración Trump “nuevamente ha evadido su responsabilidades”, y exhorta al presidente de Estados Unidos y demás implicados a demostrar que no han violado una orden de restricción al desatender a las indicaciones del magistrado.
Familiares de deportados reclaman información sobre su paradero
A raíz de la deportación de venezolanos a la prisión salvadoreña de máxima seguridad, diversas familias incomunicadas de sus parientes en proceso de deportación temen lo peor: que hayan sido recluidos en el CECOT. La falta de información sobre el paradero de estos inmigrantes se suma al reclamo del juez federal Boasberg por la escasa transparencia en estas operaciones. El gobierno encabezado por Donald Trump respalda estos procedimientos bajo la mencionada ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento que había permanecido inutilizado desde la Segunda Guerra Mundial. La ley provee el marco para expulsar personas de nacionalidad extranjera sin una audiencia judicial.
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