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El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro. En la misma se lo acusa de haber intentado perpetuarse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 mediante un presunto golpe de Estado que incluía el envenenamiento del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el asesinato de un juez del Supremo Tribunal Federal.
Detalles de la acusación
Según la denuncia de 272 páginas elaborada por Gonet, Bolsonaro, junto con otras 33 personas, habría participado en una conspiración denominada “Puñal Verde y Amarillo”. Este plan, gestado en el palacio presidencial, tenía como objetivo desestabilizar las instituciones democráticas y derrocar el sistema de poderes establecido. Entre las acciones contempladas se encontraba el envenenamiento de Lula y el asesinato del juez Alexandre de Moraes, reconocido crítico del exmandatario.
El informe también señala que la organización criminal estaba liderada por Bolsonaro y su entonces compañero de fórmula, el general Braga Netto. Ambos habrían aceptado y promovido actos que, según la legislación penal brasileña, atentan contra la existencia e independencia de los poderes y del régimen democrático.
Reacciones y contexto político
Ante estas acusaciones, Bolsonaro ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas. Durante una visita al Senado en Brasilia, declaró a los medios: “No tengo ninguna preocupación con las acusaciones, cero”. Además, cuestionó la existencia del supuesto decreto golpista mencionado en la denuncia.
Bolsonaro enfrenta otras investigaciones. Entre ellas, se le acusa de apropiación indebida de joyas y de fraude en certificados de vacunación contra el COVID-19. Asimismo, ha sido inhabilitado electoralmente hasta 2030 por acciones que buscaban deslegitimar las instituciones democráticas.
El Supremo Tribunal Federal deberá ahora analizar los cargos presentados. Si son aceptados, Bolsonaro y los demás implicados serán sometidos a juicio por delitos que incluyen la participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del Estado.
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