La Corte Internacional de Justicia (CIJ) llevó a cabo del 1 al 13 de diciembre las audiencias para definir, en una opinión consultiva, la obligación de los Estados frente al cambio climático y sus implicaciones jurídicas. Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no tienen carácter vinculante, podrían establecer un precedente crucial sobre esta cuestión urgente.
¿Cómo llegó el caso a la Corte?
En marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó la resolución 77/276 mediante la cual se solicitaba la opinión consultiva a la CIJ. Cabe destacar que el grupo Pacific Island Students Fighting Climate Change (Estudiantes de las Islas del Pacífico que luchan contra el cambio climático) de Vanuatu fue quien presentó esta iniciativa en la AGNU.
En ese momento, el Primer Ministro de Vanuatu, Alatoi Ishmael Kalsakau, presentó el borrador del texto y recibió el apoyo de otros Estados insulares del Pacífico y el Caribe. Los pequeños Estados insulares enfrentan los efectos adversos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, y fenómenos extremos como huracanes y altas temperaturas, además de las pérdidas económicas y los impactos en el bienestar de la población.
¿Qué establece la Resolución?
En el texto se detalla que la CIJ debe emitir opinión sobre dos cuestiones: por un lado, las obligaciones de los Estados en relación con el cuidado del sistema climático y el medio ambiente frente a la emisión de gases de efecto invernadero, con repercusiones para las generaciones presentes y futuras; por otro lado, las consecuencias jurídicas derivadas de las acciones u omisiones que hayan causado un daño significativo al sistema climático y al medio ambiente. En este caso, se incluye entre los afectados a los pequeños Estados insulares.
¿Quiénes participan de las audiencias de la CIJ?
De acuerdo con lo informado por la CIJ, más de 90 Estados se han registrado para participar en las audiencias públicas, con gran presencia de Estados insulares y africanos. También participan Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Irán y Arabia Saudita. De Sudamérica, los países que no participan son Argentina, Paraguay y Venezuela.
Asimismo, se ha solicitado la presencia de organizaciones internacionales para incorporar la perspectiva de expertos, entre las cuales destacan el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Intereses contrapuestos
Durante las audiencias en La Haya, los países desarrollados, responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, han expresado que ya existe un marco jurídico —como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— respecto de la obligación de los Estados en relación con la protección del medio ambiente. Algunos de los Estados que sostienen esta posición son Estados Unidos, China, India y Arabia Saudita.
Por su parte, las nuevas obligaciones que puedan ser reconocidas por la opinión consultiva de la CIJ son aquellas enfatizadas por los países vulnerables y desproporcionadamente afectados por el cambio climático. Por ejemplo, los representantes de Vanuatu y Tuvalu, con referencias al derecho a la autodeterminación y a la supervivencia, han destacado la necesidad de cesar y reparar económicamente el daño causado al ecosistema y a los derechos humanos de las comunidades impactadas.
Esperar hasta 2025
La opinión consultiva de la CIJ podría publicarse el próximo año, convirtiéndose en un aporte fundamental para fortalecer el derecho internacional frente a la crisis climática. Su utilidad no solo radicaría en orientar las obligaciones de los Estados, sino también en servir de referencia para futuras demandas legales, especialmente aquellas impulsadas por los países más vulnerables.
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