COP 29: Promesas de financiamiento que no alcanzan

La COP 29 en Bakú, Azerbaiyán, concluyó con la adopción de un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035. Aunque alcanzar un acuerdo sobre este tema fue el mayor logro, la cifra dista mucho de las propuestas de la sociedad civil y organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

¿Cuál era el objetivo de financiamiento propuesto?

El objetivo de 300 mil millones de dólares anuales fue definido en el documento final aprobado en Bakú, que también establece que los países desarrollados deberán trabajar juntos para “permitir que la financiación se incremente” a 1.3 billones de dólares anuales hasta 2035, provenientes de fuentes públicas y privadas. Según la organización Equal Right, esta cifra se asemeja a los 1.2 billones de dólares en subsidios que recibieron los combustibles fósiles durante 2023.

Aunque los 1.3 billones de dólares fueron discutidos durante las negociaciones como una meta para el NCQG, múltiples factores llevaron a un resultado inferior. Entre estos destacan las dilaciones en las conversaciones, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, y la presión de la industria de combustibles fósiles y los países petroleros. Además, los enviados de Arabia Saudita, que forma parte del grupo de 22 países árabes, se opusieron rotundamente a incluir cualquier mención a los combustibles fósiles en los documentos oficiales, reflejando las tensiones en el proceso.

¿Es suficiente?

El anuncio del nuevo monto de financiación no convence a los países en desarrollo, que esperaban una actualización mayor respecto a los 100 mil millones de dólares fijados en 2009. Incluso, habían propuesto un monto de 500 mil millones de dólares anuales. Según el texto aprobado el 24 de noviembre, la brecha entre la financiación acordada y las necesidades reales es preocupante.

Se estima que los países en desarrollo requerirán entre 455 y 584 mil millones de dólares anuales hasta 2030 para cumplir con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) advierte que solo en la región del África Subsahariana, una de las más vulnerables al cambio climático, se necesitarán entre 30 y 50 mil millones de dólares anuales para implementar iniciativas de adaptación en los próximos años.

¿Quién va a financiar?

Según el think tank ODI Global, el 45% del NCQG debería ser aportado por Estados Unidos, mientras que el porcentaje restante provendría de los países desarrollados y de aquellos considerados en desarrollo según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), vigente desde 1994. Aunque estos últimos no están obligados a contribuir, pueden hacerlo de forma voluntaria. En este grupo se incluyen países como Arabia Saudita, China, India y Brasil; estos tres últimos aportaron cerca de 5 mil millones de dólares en 2022.

Otra discusión clave fue el rol de China. Los países desarrollados esperan que el gigante asiático aumente sus aportes, no solo por su crecimiento económico, sino también por ser el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel global. Según un estudio reciente del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), se prevé que China alcance su pico de emisiones de dióxido de carbono en 2025, impulsado por avances tecnológicos. Durante la COP 29, el enviado chino destacó que desde 2016 el país ha movilizado cerca de 24.5 mil millones de dólares para apoyar iniciativas en países en desarrollo.

“Las promesas hechas deben cumplirse”

Para Simon Stiel, Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, “las promesas hechas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas”. Sin embargo, el acuerdo en Bakú deja incertidumbre sobre los mecanismos que permitirán a los países en desarrollo acceder a la financiación. Un claro ejemplo son los pequeños estados insulares, atrapados en una deuda insostenible y enfrentando múltiples requisitos que limitan su acceso a los fondos necesarios para implementar iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático.

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