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Durante el 18 y 19 de noviembre se realiza el G20 en Río. Las expectativas del evento estuvieron centradas en el financiamiento climático, y el roadmap a futuro con líderes que marcan un futuro centrado en el conflicto y no en la cooperación internacional. En el artículo haremos un repaso de las principales iniciativas que busca tratar el G20 en Río, con un panorama adverso para generar nuevos acuerdos ante la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2025.
El acuerdo Mercosur-UE y la coyuntura del comercio global
Este punto era uno de los que tenía mayor expectativa para un conjunto de países europeos y del Mercosur. Lula buscaba capitalizar, ser anfitrión y llevarse la firma del acuerdo. Pero en la visita de Macron a Argentina, el presidente francés declaró a Milei que no firmará el acuerdo. Por otro lado, se encuentran varios países europeos que buscan alternativas geopolíticas ante un mundo que se cierra en sí mismo. Entre ellos se encuentran Alemania, España y Portugal como los más interesados. Además, se suman Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Suecia, Letonia, Luxemburgo y la República Checa.
En los últimos meses, se aceleraron las negociaciones entre las comitivas técnicas para poder lograr acuerdos en común. Si recordamos, el último foco estuvo puesto en las regulaciones ambientales de libre deforestación, el mercado de vehículos eléctricos y las compras públicas.
Por otro lado, un informe reciente de la Organización Mundial del Comercio respecto a las medidas implementadas por países del G20 estableció que en el último año las políticas restrictivas al comercio aumentaron. Sin embargo, el impacto de las medidas facilitadoras del comercio fueron superiores a las restrictivas. Entre mediados de octubre de 2023 y mediados de octubre de 2024, las economías del G20 implementaron 91 nuevas medidas restrictivas y 141 medidas destinadas a facilitar el comercio en bienes, enfocadas principalmente en las importaciones. Las medidas restrictivas abarcaron un valor comercial estimado de USD 828 millones, un incremento importante en comparación con los USD 246 millones registrados en el informe anterior del G20. Asimismo, la cobertura de las medidas de facilitación comercial alcanzó los USD 1.069 millones, frente a los USD 318 millones del período previo.
Impuestos a los superricos y la agenda social
El economista Gabriel Zucman propuso un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de los superricos, no solo sobre sus ingresos. Según sus estimaciones, el 0,01 % más rico paga una tasa efectiva de solo el 0,3 % de su riqueza. Este nuevo impuesto generaría hasta 237.000 millones de euros anuales, provenientes de unos 2.800 multimillonarios, con un patrimonio combinado de 13,5 billones de dólares. Los fondos se destinarían a reducir las desigualdades globales, ayudando a países endeudados, especialmente en África. Además, este impuesto serviría para financiar iniciativas contra el hambre, la pobreza y el cambio climático, una demanda recurrente de las naciones en desarrollo, que ya reciben apoyo de entidades como el Banco Mundial y fondos climáticos internacionales. En otros países, como Estados Unidos, persiste la oposición al impuesto a los ultrarricos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen declaró a inicios del año que esta propuesta es “algo que no podemos aprobar”. Aunque Donald Trump aún no ha expresado su postura, es poco probable que respalde una iniciativa de este tipo.
Por otro lado, el G20 está marcado por la primera cumbre social. Dando una impronta personal y política, Brasil logró incorporar a los movimientos sociales dentro del G20. El texto de la Declaración de Río se articula en torno a tres ejes principales: la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad; el combate al cambio climático y una transición justa; y la reforma de la gobernanza global. Se sostiene que la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza dispone de un fondo específico para respaldar políticas públicas que garanticen el acceso adecuado y universal a alimentos, tierra y agua. Asimismo, la Declaración sugiere crear un fondo internacional que financie iniciativas de conservación e incluya a las comunidades locales en actividades productivas sostenibles.
Regulación de la Inteligencia Artificial
En la última declaración del G20, los representantes parlamentarios subrayaron el valor de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible, pero enfatizaron la necesidad de una regulación ética. Destacaron que la IA debe ser gestionada de forma “transparente, inclusiva, ética, responsable y centrada en el ser humano” para reducir las brechas entre economías avanzadas y en desarrollo y favorecer la transferencia tecnológica y la innovación.
Durante septiembre, la presidencia de Brasil publicó un informe con herramientas para la gobernanza de la IA. El texto propone que los países del G20 colaboren para avanzar en el desarrollo de la IA de manera inclusiva y sostenible. Sugiere que compartan conocimientos y prácticas, fortalezcan infraestructuras de IA, y aseguren el acceso equitativo a tecnologías para evitar que las capacidades de IA se concentren en pocas regiones. Además, enfatiza la importancia de que cada nación mantenga su autonomía digital, desarrollando políticas que respeten sus contextos culturales y sociales, mientras promueven la innovación y una gobernanza internacional de la IA coordinada y cooperativa.
Los avances en la agenda económica son más bien magros. Tanto el acuerdo Mercosur-UE, como también la agenda digital y social, cuentan con puntos de vista muy distintos entre sí. El cálculo de todos los actores ante la llegada de Donald Trump impacta sobre las posibilidades de la cooperación internacional, y los objetivos ambiciosos de Brasil en el G20. Es muy probable que el G20 sea otro síntoma de la compleja situación de las relaciones internacionales contemporáneas.
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