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Gregory D. Foster, profesor en la Universidad de Defensa Nacional (National Defense University) y experto en temas militares, analizó cómo las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y particularmente, un segundo mandato de Donald Trump, podrían influir en las relaciones entre civiles y militares, un tema de debate que no ha sido frecuente, aunque debería ser considerado, especialmente por las fuerzas armadas, que deben estar preparadas para distintos escenarios.
Según Foster, existen dos posibles resultados en las elecciones, cada uno con implicaciones significativas para los militares y su relación con el próximo comandante en jefe y la sociedad: por un lado, podría elegirse un líder que respete las normas constitucionales, mantenga el control civil sobre un ejército profesional y salvaguarde las instituciones democráticas; por otro lado, existe la posibilidad de que se elija a un comandante en jefe que desacredite a los militares, busque debilitar la Constitución y utilice a las fuerzas armadas para sus propios intereses políticos y personales.
Foster argumenta que el primer escenario proporcionaría una continuidad en las relaciones entre civiles y militares, donde ambas partes cumplirían con sus deberes constitucionales, respetando los límites establecidos. Por otra parte, el segundo escenario podría generar una tensión constante entre las fuerzas armadas y el líder político, debido a la posible utilización de los militares para fines personales, en contraposición a los valores de disciplina y servicio que las fuerzas armadas representan.
Las relaciones cívico-militares en Estados Unidos se basan en un acuerdo implícito que implica derechos y deberes mutuos. El principio clave es el control civil de las fuerzas armadas, lo que significa que los militares, expertos en el uso de la fuerza, deben estar bajo la dirección de civiles electos que respondan ante el pueblo. Tanto los funcionarios civiles como los militares juran proteger la Constitución, y para los uniformados, esto incluye obedecer órdenes legítimas, basadas en el estado de derecho.
Foster advierte sobre el riesgo de un comandante en jefe que prioriza sus ambiciones personales
Curiosamente, la Constitución estadounidense no menciona explícitamente el concepto de control civil sobre los militares. Esta idea surge del poder otorgado al presidente como comandante en jefe y los poderes relacionados con lo militar asignados al Congreso. Este control, ejercido de manera democrática, se sustenta en la obediencia de los militares a la autoridad legítima y su neutralidad política. Sin embargo, Gregory Foster argumenta que, si un comandante en jefe prioriza su interés personal, podría manipular estos principios, fortaleciendo aún más el poder presidencial, un riesgo identificado por historiadores como Arthur Schlesinger, quien habló de la presidencia imperial.
El experto hace énfasis en que la concentración de poder en un líder podría llevar a un uso inadecuado de las fuerzas armadas, utilizándolas para fines que no reflejan el interés nacional, sino los intereses personales del mandatario. Esto podría incluir el uso de herramientas como la Ley de Insurrección, que otorga al presidente la capacidad de actuar sin restricciones claras ante lo que considere una amenaza interna.
Además, una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorga inmunidad al presidente en sus actos oficiales ha aumentado aún más la posibilidad de que el poder presidencial se ejerza sin límites claros. Esto plantea preguntas para las fuerzas armadas sobre si su obediencia debería seguir siendo incondicional o si deben reevaluar la legitimidad y ética de las órdenes que reciben.
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Fuente: Defense One
