Argentina lanzó una reciente advertencia al Gobierno de Venezuela, exigiendo el respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tras un preocupante asedio a la sede de su embajada en Caracas – actualmente custodiada por Brasil – por parte de funcionarios de seguridad e inteligencia venezolanos. Este incidente, que comenzó la noche del 6 de septiembre, escaló las tensiones entre ambos países.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina denunció la presencia de patrullas de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad venezolanas que rodearon la embajada, lo que constituye una clara violación de las normativas internacionales. La presencia de estas fuerzas suscitó preocupación, ya que en la sede diplomática se encuentran seis venezolanos asilados, vinculados al partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.
“La República Argentina rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones. Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional. Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano“, afirmó la Cancillería argentina, en uno de los fragmentos del comunicado oficial.
Argentina pide a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra Maduro
Además, el Gobierno argentino anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de órdenes de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de su gobierno. La solicitud, que según lo informado se hizo efectiva el lunes, se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En la actualidad, la Corte Penal Internacional está investigando a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad en un caso denominado “Situación en la República Bolivariana de Venezuela I”. Esta investigación comenzó en 2018, cuando Argentina (bajo la presidencia de Mauricio Macri), junto con Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitó a la fiscalía que iniciara el proceso. Las acusaciones incluyen asesinatos, torturas, persecución política y desapariciones forzadas.
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