Después de un intenso debate, el Congreso de España aprobó el jueves una controvertida ley de amnistía para políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán (procés). La propuesta fue acordada en noviembre de 2023 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo que permitió la investidura del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La ley de amnistía fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra. Las fuerzas políticas independentistas y de izquierda calificaron el día como “histórico”.
La ley, con la que el gobierno espera poner fin a todas las causas judiciales relacionadas con el procés, pretende favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”, según su propio nombre.
Sin embargo, para la oposición, encabezada por el Partido Popular (centro-derecha), la norma no es más que un “intercambio de poder” a cambio de “privilegios e impunidad”, según su líder, Alberto Núñez Feijóo.
También se opusieron a la ley la ultraderecha de Vox y dos pequeños partidos regionales.
¿En qué consiste la ley?
Mientras que el indulto perdona un delito ya castigado, la amnistía perdona o, de alguna manera, olvida el delito y exime a su autor de ser juzgado.
Entre estos delitos están la organización y celebración de dos consultas independentistas declaradas inconstitucionales por la Justicia española -el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consulta popular del 9 de noviembre de 2014-, así como otros actos relacionados “que acreditan una tensión política, social e institucional”. Entre los delitos que podrán ser amnistiados están, por ejemplo, la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia o desórdenes públicos, siempre que estén relacionados con el procés.
Quedan excluidos de la ley, entre otros, “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo” según la directiva europea de 2017, los que hayan causado muerte, aborto o lesiones graves, y los tipificados como torturas o tratos inhumanos graves.
¿Cómo se aplicará la ley de amnistía?
La tramitación de la ley ha sido complicada por la oposición del PP y Vox, y su aplicación no parece que vaya a ser más sencilla. La norma será efectiva una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado y sea firmada por el rey Felipe VI, algo que deberá ocurrir en un plazo máximo de 15 días. Una vez publicada, los jueces tendrán un plazo de dos meses para aplicarla.
Con su entrada en vigor, los tribunales deberán levantar todas las medidas cautelares vigentes, entre ellas las órdenes de detención, como la que pesa sobre Carles Puigdemont. Sin embargo, los tribunales -el Tribunal Supremo, en el caso del expresidente catalán- deberán aplicarla caso por caso, y cada juzgado deberá pedir antes opinión a la fiscalía y al resto de partes implicadas, lo que generará situaciones dispares.
La ley también puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Algunos expertos han cuestionado su constitucionalidad al considerar que favorecería a unos ciudadanos en detrimento de otros. No se descarta que distintos jueces recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría paralizar su aplicación hasta que se pronuncie sobre ella.
Sin embargo, la ley de amnistía también ha sido una necesidad política para Sánchez, ya que fue el principal requisito que exigieron los partidos independentistas para darle su apoyo en la formación de un gobierno el pasado noviembre. La oposición advirtió entonces que el sector independentista no se conformaría con la ley y que sus demandas continuarían.
Ahora, tras la aprobación de la norma, Junts y ERC se han felicitado por el trabajo realizado para sacarla adelante, pero han dejado claro que sus demandas continúan: “próxima parada: referéndum”, declaró en el congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El separatismo, sin embargo, ha perdido fuerza en Cataluña, como se vio en las recientes elecciones autonómicas, en las que el Partido Socialista fue la fuerza más votada y aún negocia con otros partidos para formar gobierno.
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Fuente: BBC News
