El proceso para implementar el plan ha estado en marcha durante varios años, pero la aprobación de un controvertido proyecto de ley por parte del Parlamento británico está acercando al país a enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Tras una larga disputa en los tribunales y en el Parlamento, el gobierno conservador británico logró el lunes la aprobación de una legislación que tiene como objetivo permitir al país enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
La legislación busca revertir un fallo de la Corte Suprema del año pasado que consideró ilegal el plan de enviar solicitantes de asilo a la nación africana. Los jueces determinaron que Ruanda no era un país seguro para el reasentamiento de refugiados ni para el examen de sus solicitudes de asilo.
El plan para Ruanda, que se ha convertido en una política emblemática del Primer Ministro Rishi Sunak en un momento en que los índices de aprobación de su partido han disminuido, ahora está más cerca que nunca de hacerse realidad. Sin embargo, los críticos argumentan que plantea serias preocupaciones sobre el Estado de derecho y la separación de poderes en Gran Bretaña, además de poder afectar a miles de solicitantes de asilo. Los grupos de derechos humanos han prometido impugnar el plan en los tribunales.
¿Cuál es la política a implementar para con Ruanda?
Ante el aumento de solicitantes de asilo que llegaban a través del Canal de la Mancha después de una pausa durante la pandemia de coronavirus, el gobierno conservador se comprometió a “detener los barcos”. La mayoría de los que llegaban en embarcaciones pequeñas solicitaban protección internacional en Gran Bretaña a través del sistema de asilo, y muchos resultaban ser refugiados que se les permitía establecerse en Gran Bretaña.
A través de una serie de proyectos de ley y acuerdos, el gobierno introdujo una política que declaraba que las personas que llegaran en embarcaciones pequeñas o por cualquier otro “medio irregular” nunca serían elegibles para solicitar asilo en Gran Bretaña. En cambio, serían detenidas y enviadas a Ruanda, donde se escucharían sus casos de asilo y, si tenían éxito, se les permitiría reasentarse allí.
El gobierno argumentó que la política de Ruanda tendría un efecto disuasorio y detendría el flujo de decenas de miles de personas que realizan peligrosos cruces desde Francia a Gran Bretaña cada año. Sin embargo, algunos expertos en migración han cuestionado esto, argumentando que las personas que viajan en embarcaciones pequeñas ya están arriesgando sus vidas para llegar a Gran Bretaña.
Grupos de derechos humanos y expertos legales han advertido contra la política, argumentando que contraviene las obligaciones legales de Gran Bretaña hacia los refugiados según el derecho internacional y viola la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951.
¿Cómo se llegó a este punto?
A principios de 2021, Boris Johnson, entonces primer ministro, comenzó a discutir planes para enviar solicitantes de asilo al extranjero. Tomar control de las fronteras de Gran Bretaña fue una promesa central de la campaña Brexit de 2016, defendida por Johnson y Sunak.
En el verano de 2021, Priti Patel, entonces ministra responsable de supervisar la inmigración y el asilo, presentó el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras, que hacía delito la entrada al país por medios irregulares, como llegar en barco y sin visa. El proyecto de ley también otorgaba a las autoridades más margen para realizar arrestos y expulsar a solicitantes de asilo.
En abril de 2022, Gran Bretaña anunció un acuerdo con Ruanda para enviar allí a solicitantes de asilo a cambio de cientos de millones en financiamiento para el desarrollo, y el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras se convirtió en ley ese mismo mes.
Esa legislación, que se convirtió en ley en julio pasado, le dio a su oficina la responsabilidad de expulsar a casi todos los solicitantes de asilo que llegaron a Gran Bretaña “ilegalmente”, es decir, sin visa o por otros medios, como llegadas encubiertas en embarcaciones pequeñas o camiones. Luego, los solicitantes de asilo serían enviados a sus países de origen o a otro “tercer país seguro”, como Ruanda. Independientemente del resultado de sus reclamos, no tendrían derecho a regresar, establecerse o obtener ciudadanía en Gran Bretaña.
¿Cuánto ha gastado el Reino Unido en el plan?
Aunque todavía no se ha enviado a ningún solicitante de asilo a Ruanda, el mes pasado el organismo independiente de control del gasto público de Gran Bretaña descubrió que el gobierno habrá pagado a Ruanda £370 millones, o alrededor de $457 millones, para fines de 2024. Y los costos para llevar a cabo la política aumentarán aún más si los vuelos despegan.
Por cada persona finalmente enviada, Gran Bretaña se ha comprometido a pagar a Ruanda £20,000 adicionales en concepto de tasas de desarrollo, más £150,874 por persona para costos operativos. Después de enviar a las primeras 300 personas, Gran Bretaña enviará 120 millones de libras adicionales a Ruanda.
Yvette Cooper, la ministra laborista de la oposición responsable de una cartera que incluye la migración, calificó el costo como “exorbitante” y argumentó que el dinero debería destinarse a “mejorar nuestra seguridad fronteriza”.
¿Cuál ha sido la reacción al plan?
La política ha enfrentado una intensa oposición casi desde su inicio, y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, advirtió en 2021 que violaba el derecho internacional.
El martes, Filippo Grandi, comisionado de ACNUR, dijo que la ley buscaba “desviar la responsabilidad de la protección de los refugiados, socavando la cooperación internacional y sentando un precedente global preocupante”.
Michael O’Flaherty, comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, dijo que el proyecto de ley “plantea cuestiones importantes sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y el estado de derecho en general” e instó a Gran Bretaña a “abstenerse de expulsar a personas bajo esta política y revertir la ‘violación efectiva de la independencia judicial’ del proyecto de ley.
¿Cuándo podrían despegar los primeros vuelos de deportación?
Sunak inicialmente prometió deportar a los solicitantes de asilo para la primavera, pero el lunes dijo que los primeros vuelos no partirían hasta junio o julio. Dijo que el gobierno había preparado un aeródromo, reservado aviones comerciales chárter e identificado a 500 escoltas capacitados para acompañar a los solicitantes de asilo a Ruanda.
Sin embargo, los expertos legales dicen que el plan tiene graves fallas y los grupos de derechos humanos han prometido luchar contra cualquier plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
Richard Atkinson, vicepresidente de la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales, una asociación profesional de abogados, dijo en un comunicado el martes que el proyecto de ley “sigue siendo una pieza legislativa defectuosa y constitucionalmente incorrecta”.
El martes, más de 250 organizaciones de derechos humanos británicas escribieron a Sunak prometiéndole oponerse a las medidas en los tribunales europeos y británicos. Se espera que las personas que reciben notificaciones de que serán enviadas a Ruanda inicien acciones legales contra su expulsión en los tribunales británicos, y algunas también pueden apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nuevamente podría emitir una orden judicial para detener los vuelos.
Fuente: New York Times
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