El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado medidas vinculadas a la transición hacia las energías renovables y la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Una de las últimas decisiones del presidente se encuentra enfocada en reforzar la conservación de las tierras públicas, su biodiversidad y su valor cultural, pero entra en conflicto con el sector petrolero y minero de Estados Unidos.
El pasado viernes 12 de abril, la administración de Biden anunció la revisión de una nueva ley federal sobre tierras públicas con el objeto de conservar los espacios naturales y protegerlas de actividades como pastoreo, extracción de petróleo y actividades mineras. La medida fue presentada por la Oficina de Administración de Tierras, que supervisa 990.000 kilómetros cuadrados de tierras públicas.
Entre algunas de las disposiciones puede destacarse el aumento de las tasas de regalías por la perforación de pozos petroleros en tierras federales. Esta medida no implica una prohibición a realizar la actividad y el incremento deja la tasa en 16,67%, un número bajo en comparación con tasas similares en el sector privado. No obstante, es la primera vez desde 1920 que el gobierno estadounidense aumenta la tasa que las empresas deben pagar por la perforación.
También, se incrementa el bono de arrendamiento mínimo de tierras federales que deben pagar las empresas. Ello como respuesta a la demanda de que esos bonos cubran los gastos estimados para limpiar los sitios de perforación una vez que se haya terminado la actividad o tapar los pozos abandonados. El bono aumenta a 150.000 dólares, a diferencia de los 10.000 dólares que se pagaban desde hace 60 años.
La iniciativa además incluye un punto vinculado a la protección de la vida silvestre y los recursos culturales para evitar el arrendamiento de tierras en hábitats importantes para la vida silvestre y/o sitios culturales destacados. A propósito de ello, en las últimas semanas ha trascendido que el presidente Biden planea expandir dos monumentos nacionales en California, una demanda sostenida por parte de tribus nativas.
Desde el sector petrolero y minero han indicado que esta regulación puede poner en riesgo al sector. Holly Hopkins, vicepresidente de Upstream Policy en el American Petroleum Institute, ha indicado que “a medida que la demanda de energía continúa creciendo, el desarrollo de petróleo y gas natural en tierras federales será fundamental para mantener la seguridad energética, impulsar la economía y apoyar los esfuerzos de conservación estatales y locales”.
Con relación a los combustibles fósiles y las empresas estadounidenses, el reciente informe de Carbon Majors revela que entre 2016 y 2022, el 80% de las emisiones de dióxido de carbono estuvieron vinculadas a 57 empresas de combustibles fósiles y cemento. En el top 10 de esa lista se encuentran Exxon y Shell. Además, se encuentran en los primeros lugares entre las empresas propiedad de inversores que han aumentado su producción en los siete años posteriores al Acuerdo de París.
Las próximas elecciones en Estados Unidos marcan un punto de referencia respecto de los intereses en pugna en el camino hacia la reducción de emisiones, lo cual, se convierte en un desafío para el presidente Joe Biden y el futuro norteamericano.
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