Tierra del Fuego rechaza la inversión de la firma británica Harbour Energy en un megaproyecto en el Atlántico Sur

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, levantó su voz de alarma al manifestar su rechazo contundente ante la adquisición por parte de la firma británica Harbour Energy de las operaciones en el Atlántico Sur, con especial énfasis en el “Proyecto Fénix”, un megaproyecto energético en el que Argentina ha invertido significativamente.

El “Proyecto Fénix”, valorado en 700 millones de dólares, tiene como objetivo principal la instalación de una plataforma submarina en la Cuenca Marina Austral, con el potencial de producir “10 millones de metros cúbicos de gas por día”, equivalente al 10% de la producción nacional, según datos del gobierno fueguino.

Melella enfatizó la preocupación al señalar que Harbour Energy, con sede en Londres, es la misma entidad que en 2022 fue reprendida por el gobierno argentino debido a anuncios relacionados con exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas.

“Este no es un simple cambio empresarial. Es una cuestión de soberanía y seguridad nacional”, expresó Melella, quien también resaltó la fusión británica que dio origen a Harbour Energy, involucrando empresas sancionadas en el pasado por actividades controvertidas.

La compra por 11.2 mil millones de dólares de los activos de Wintershall Dea por parte de Harbour Energy no solo incluye el proyecto en Tierra del Fuego, sino también operaciones globales en países como Noruega, Alemania, México y Egipto. La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de Harbour Energy se dispararon más del 26% tras el anuncio.

Contexto y respuesta provinciana

La compra resalta la compleja situación geopolítica y energética en el Atlántico Sur. El gobierno de Tierra del Fuego ya había mostrado su preocupación anteriormente, instando a una revisión de la legislación actual que no protege adecuadamente contra acciones de este tipo.

En respuesta, Melella afirmó que trabajará en conjunto con legisladores provinciales para proponer cambios legislativos que permitan sancionar a empresas con historiales controvertidos, como el de Harbour Energy.

“No permitiremos que se consolide una presencia ilegal británica en nuestro territorio, poniendo en riesgo nuestros intereses”, advirtió el gobernador, subrayando su determinación para usar todas las herramientas disponibles en defensa de los derechos provinciales y nacionales.

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