En un giro significativo, Paraguay habría reconocido el derecho de Argentina a cobrar peajes en la Hidrovía Paraná, un importante corredor fluvial para el comercio en la región. La noticia fue anunciada por la Secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royon.
Según Royon, durante una reunión en Paraguay, se llegó a un acuerdo sobre el derecho de Argentina a cobrar tarifas por la operación de la Hidrovía Paraná. El siguiente paso será discutir el precio de estos peajes. Para abordar las reclamaciones cruzadas entre los dos países vecinos en relación con deudas relacionadas con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se establecerá una comisión técnica.
La disputa se centra en el cobro de un peaje por parte de Argentina a las barcazas que navegan por la Hidrovía Paraná para financiar el dragado y la señalización de la sección norte de Santa Fe del Troncal de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Desde el año pasado, se cobra 1,47 dólares por tonelada de carga transportada por barcos que llegan o salen de puertos extranjeros, mientras que los buques de bandera argentina pagan una cantidad simbólica de 1,47 pesos argentinos por tonelada.
Paraguay, junto con Uruguay, Brasil y Bolivia, ha impugnado esta recaudación, ya que la considera una medida unilateral “establecida arbitrariamente fuera del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones regulatorias internacionales vigentes”.
Sin embargo, según el Embajador de Argentina en Asunción, Domingo Peppo, lo que se está cobrando no es un peaje, sino una tarifa por los servicios de dragado y señalización proporcionados. “Es justo que quienes lo usan más paguen, y eso son los paraguayos”, dijo Peppo.
Esta controversia ha resucitado antiguas deudas relacionadas con la construcción y compra de la energía generada por Yacyretá. En protesta por el peaje, Paraguay abrió unilateralmente las compuertas del brazo Aña Cuá el jueves pasado, comprometiendo el nivel del embalse necesario para el funcionamiento normal de la planta de energía, y solo las cerró a su posición habitual después de la queja de Argentina.
Desde 1994, la energía generada en Yacyretá se divide por igual entre los países vecinos, pero como Paraguay solo necesita alrededor del 15%, el resto se vende a Argentina, que ahora está atrasada en sus pagos. Argentina reconoce que debe a Paraguay alrededor de 85 millones de dólares en suministro de energía, pero Paraguay debería a Argentina alrededor de 20 mil millones de dólares, incluidos los intereses, por la construcción de la represa.
En 2017, un acuerdo firmado por los entonces presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri estableció que Paraguay debía a Argentina alrededor de 4.5 mil millones de dólares. Solo el Congreso de Paraguay ha ratificado este entendimiento. El Parlamento de Argentina aún debe revisarlo.
En este escenario, el Consejo de Embajadores de Paraguay (CEPSIR) destacó en un comunicado el miércoles que varios tratados internacionales respaldan la postura de Paraguay con respecto a sus derechos. El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) hizo eco de la declaración.
Los miembros de CEPSIR consideran que la decisión unilateral y arbitraria viola tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, muchos de los cuales tienen más de 150 años de antigüedad. El documento también hace una referencia especial al Tratado de la Hidrovía Paraná-Paraná de 1992, que establece que solo se puede cobrar una tarifa retributiva una vez que se haya demostrado efectivamente el servicio (Artículo IX).
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