Recientemente, representantes de los países de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay presentaron el un duro reclamo contra la Argentina ante la XLIX Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, en Bolivia. En la reunión del Comité, el cual se conforma dentro del Tratado de la Cuenca del Plata, los cuatro países reclamaron por el establecimiento ilegal de peajes para la circulación de embarcaciones por parte de Argentina.
Las naciones vecinas a Buenos Aires dejaron asentada su “especial y grave preocupación” por peajes a los buques, medida que fue aplicada por el gobierno nacional argentino en enero pasado. No solo rechazaron estos hechos y pidieron que se suspendan, sino que también alegaron que los peajes se establecieron sin el consenso de todos los países que participan el Acuerdo de la Hidrovía y que “contraviene entendimientos y las prácticas regionales” sobre la utilización de la misma.
Estos hechos tuvieron lugar una semana después de la tensión entre Argentina y Paraguay, que surgió tras la visita del ministro de Economía y candidato presidencial del oficialista UxP Sergio Massa a Santiago Peña por su asunción como presidente. La cancillería paraguaya catalogó de “mentiroso” a Massa por un supuesto compromiso de que iba a suspender este peaje que hoy en día exigen eliminar.
Mientras que Argentina se encuentra ahora bajo amenaza de juicios de arbitraje y demandas ante la Organización Mundial de Comercio, el Ministro de Transportes y el canciller argentino, Diego Giuliano y Santiago Cafiero, respectivamente, defendieron esta realidad como “parte de una serie de obras que hace la Argentina en la zona”. Ambos manifestaron que desde Argentina está el compromiso de seguir cobrando con el objetivo de que este peaje fuera a una caja especial durante 60 días, luego de ese tiempo Paraguay también pudiera armar el cobro de su propio peaje.
En este contexto, los países vecinos pidieron “suspender la aplicación” de las resoluciones que en 2022 aprobó el Ministerio de Transportes de Argentina y le reclamaron “las medidas necesarias” para el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, de 1992.
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