El 14 de agosto, se produjo el fallecimiento de Pedro Briones, candidato al Congreso y líder político local influyente en Ecuador. Esto ocurrió en menos de una semana después del asesinato de Fernando Villavicencio, aspirante presidencial y crítico de la corrupción, quien fue tiroteado al salir de un evento de campaña en Quito, la capital ecuatoriana. Estos asesinatos tan cercanos a las elecciones generales, programadas para el próximo domingo, han conmocionado a la población ecuatoriana y han generado repudio a nivel global. Estos hechos muestran que en Ecuador, nadie, ni siquiera un candidato presidencial, está exento de peligro.
Ante la ausencia de Fernando Villavicencio, su partido político ha designado a Christian Zurita, periodista de investigación y antiguo colega cercano de Villavicencio, para ocupar su lugar en la contienda.
Aunque el futuro es incierto, es claro que la intensa polarización política en el país no ayudará a resolver su crisis de violencia.
La investigación del tiroteo de Pedro Briones está en curso, mientras que seis ciudadanos colombianos están detenidos en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. La forma en que el sistema judicial maneje estas investigaciones será un verdadero desafío para el país. Los líderes políticos ecuatorianos, así como sus aliados internacionales, deben demostrar determinación y asignar recursos para realizar una investigación completa e imparcial sobre estos homicidios. Si las autoridades se limitan a procesar a los ejecutores materiales y dejan las cosas ahí, es probable que los grupos criminales se vuelvan más audaces. Sin embargo, si optan por el camino más largo y complejo, abordando tanto a los autores intelectuales de estos asesinatos como los vínculos entre el crimen organizado y partes del Estado, el país podría encontrar una salida de la crítica situación en la que se encuentra.
Como analista política especializada en América Latina, he vivido y trabajado en países como Colombia y Guatemala, donde décadas atrás las pandillas y grupos delictivos comenzaron a sembrar el caos mientras consolidaban su poder. Aunque Ecuador ha evitado históricamente la violencia impulsada por el narcotráfico y los conflictos armados internos que afectaron a sus vecinos sudamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, comparte muchas características con un terreno propicio para el narcotráfico. Está situado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Además, desde el año 2000, la economía ecuatoriana ha adoptado el dólar estadounidense como moneda oficial, lo que la hace atractiva para el lavado de dinero.
La desmovilización en 2017 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que durante mucho tiempo controlaron las rutas de tráfico en Ecuador, creó un vacío que nuevos cárteles y pandillas intentan llenar. Este año he sido testigo de cómo la violencia está alterando la vida diaria. La tasa de homicidios en Ecuador ahora se encuentra entre las más altas de América Latina, y la extorsión se ha convertido en un problema alarmante. Como resultado, las calles antes concurridas están extrañamente desiertas y los negocios comienzan a cerrar al anochecer. En una ocasión, vi cómo un grupo de personas se reunía alrededor de un teléfono inteligente para ver y aplaudir videos de justicia por mano propia contra supuestos pandilleros. Muchos de los individuos con los que hablé mencionaron sus planes de emigrar. Desde octubre, más de 77,000 personas han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, casi ocho veces más que en 2020.
Los errores políticos han dejado a Ecuador en una posición desfavorable para enfrentar la creciente violencia. Rafael Correa, un populista que gobernó el país de 2007 a 2017, cometió errores fundamentales. A pesar de que algunas medidas durante su mandato contribuyeron a reducir los homicidios a niveles bajos, Correa también eliminó una unidad policial especializada en investigaciones, cerró una base militar estadounidense que suministraba equipos para monitorear el espacio aéreo y aguas territoriales, y duplicó la población carcelaria, lo que alimentó el auge de las pandillas. Sus sucesores tampoco evitaron errores significativos.
El presidente Lenín Moreno destituyó a muchos de los funcionarios designados por Correa en el poder ejecutivo y judicial, y obtuvo la aprobación en un referéndum para restablecer los límites al período presidencial que habían sido eliminados por su predecesor. El poder judicial inició investigaciones por casos de corrupción durante la gestión de Correa. Esto exacerbó la polarización entre los seguidores de Correa, que argumentaban ser víctimas de una justicia politizada, y los críticos como Moreno, que afirmaban estar restaurando los equilibrios y controles democráticos erosionados durante el gobierno de Correa. Mientras este conflicto político se desarrollaba, las pandillas convirtieron las abarrotadas prisiones de Ecuador en centros de operación e infiltraron instituciones gubernamentales y fuerzas armadas.
Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador, ha estado en una lucha constante con los partidarios de Correa en la Asamblea Nacional, que Lasso disolvió mediante decreto en mayo. Lasso ha declarado estados de emergencia y ha desplegado tropas en las calles para enfrentar a pandillas y cárteles. Sin embargo, el control de los grupos criminales sobre el país no ha disminuido, sino que ha aumentado. De manera preocupante, el cuñado de Lasso, que solía ser uno de sus asesores más cercanos, está siendo investigado por presuntos vínculos con la mafia albanesa. En marzo, un empresario implicado en este caso fue hallado sin vida.
¿Quienes están detrás de estos crímenes?
El incremento del crimen en Ecuador tiene dimensiones transnacionales, con cárteles mexicanos, grupos colombianos y venezolanos, y la mafia albanesa compitiendo por el control del narcotráfico y debilitando al Estado. Aunque el camino a seguir puede parecer desafiante, no es insuperable. Para enfrentar el poder del crimen organizado y la violencia, las autoridades deben combatir la corrupción, investigar los vínculos con políticos locales y nacionales, y perseguir a quienes blanquean dinero y mantienen conexiones con el aparato estatal.
Esta tarea representa un desafío considerable en un país donde las instituciones están cada vez más infiltradas por el crimen. Requerirá una colaboración continua y valentía por parte de la policía, fiscales, jueces y líderes políticos. No obstante, ya se ha logrado en el pasado. Colombia podría servir como un ejemplo. A partir de 2006, el gobierno de dicho país comenzó a tomar medidas para investigar, enjuiciar y sentenciar a más de 60 miembros del Congreso que habían colaborado e incitado a los paramilitares ligados al narcotráfico.
El presidente Lasso ha solicitado la asistencia del FBI (Oficina Federal de Investigación) de Estados Unidos y la policía colombiana en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, para que este esfuerzo sea genuinamente efectivo, la cooperación debe persistir no solo durante esta administración, sino también en las próximas y más allá, sin importar quién resulte ganador en las elecciones.
Los líderes de Ecuador deben resistir la tentación de confiar exclusivamente en los militares para combatir el crimen, o emplear la fuerza armada únicamente para repeler a los cárteles y pandillas. Esta aproximación ha demostrado su ineficacia en países como México y, en muchos casos, ha exacerbado la violencia. En cambio, los líderes ecuatorianos deben respaldar a fiscales, jueces y policías independientes.
Las fuerzas armadas ecuatorianas, una de las instituciones más confiables del país, no están preparadas para liderar investigaciones criminales, rastrear el lavado de dinero o exponer a funcionarios públicos corruptos. Estas son tareas que corresponden a instituciones civiles, como la policía y el poder judicial. Aunque estas entidades no están inmunes a la corrupción y politización en sus filas, aún ofrecen una vía.
La polarización ha generado profundas divisiones entre los seguidores de Correa y sus opositores, incluyendo a Villavicencio. En la última semana, los políticos de ambos bandos han tendido a culparse mutuamente por el deterioro de la seguridad. Para avanzar, deben unirse en torno a un objetivo común: investigar los vínculos entre los grupos criminales y los funcionarios públicos, sin tratar de proteger a los miembros de su propio lado. El ganador de las próximas elecciones presidenciales debe trascender las divisiones políticas y anteponer los intereses del país por encima de los partidistas.
El asesinato de Fernando Villavicencio marca un punto crítico. Sin embargo, aún hay margen para actuar antes de que Ecuador siga el camino transitado por Colombia y México. Esto es lo que habría deseado el señor Villavicencio.
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