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Durante el día de hoy, el Congreso de Perú debatirá una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, buscando destituirla por su presunta responsabilidad en las más de 60 muertes que dejaron las represiones a las protestas populares a lo largo del país. En un delicado y complejo contexto político de crisis que atraviesa Perú desde hace meses, y que llevó a la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 acusado de corrupción.
La presidenta de 60 años, quien acompañó a Castillo en la fórmula presidencial, busca sobrevivir en medio del rechazo popular que registra, según las últimas, más del 70% de imagen negativa. Y quien autorizó la intervención del Ejército para lograr “pacificar” el contexto de masivas protestas en las distintas ciudades de Perú, donde varios grupos marchan desde hace semanas exigiendo su dimisión – acusada de traición -, la disolución del parlamento y nuevas elecciones inmediatas.
En este sentido, según denunció la Defensoría del Pueblo de Perú, desde diciembre se registraron 49 muertes de civiles por la represión, la mayoría a causa del uso de perdigones, lanzadores de bombas lacrimógenas o armas letales prohibidas para esos casos. Asimismo, organizaciones globales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, lograron documentar los excesos de policías y militares, criticados además por diversas instancias internacionales, incluidos el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Acusaciones de corrupción
Asimismo, afirmaron que las muertes registradas, sobre todo en la región de los Andes sureños, la costa norte y la ciudad de Lima, y por las que Dina Boluarte ya es investigada por la Fiscalía, convirtieron en tragedia las movilizaciones civiles que comenzaron luego de que la mandataria, tras asumir el poder a raíz de la destitución de Castillo, anunciara su intención de quedarse en el poder hasta el año 2026, cuando termina el actual periodo.
Por otra parte, el intento de destitución se da además en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía peruana respecto al grado de participación de la presidenta en la presunta financiación ilegal de su campaña, lo que podría configurar el delito de lavado de activos y organización criminal. En línea a esto, la Fiscalía señala que el empresario Henry Shimabukuro, catalogado por la prensa como miembro de un “gabinete en la sombra” de Castillo, invirtió grandes sumas en la campaña de Dina Boluarte para vicepresidenta, con lo que “buscó ganar favores si llegaba al poder”.
Fuente: Télam
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