Un estudio publicado recientemente por el medio Georgetown Journal of International Affairs, revela como en América Latina, las organizaciones criminales transnacionales utilizan el sistema de criptomonedas para transferir parte de sus activos financieros, provenientes de ganancias ilícitas que acumulan miles de millones de dólares al año. Este movimiento se utiliza como una forma de evitar la detección y la incautación de activos.
Según el estudio, son muchos los grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con base en México, el Cártel de Sinaloa, la MS-13 (Mara Salvatrucha) con base en América Central y el PCC (Primeiro Comando da Capital) con base en Brasil), los que proceden con este modo de operación gracias al descubrimiento de nuevas grietas en la arquitectura regional contra el lavado de dinero que hacen que el cambio a las criptomonedas sea cada vez más atractivo.
En este sentido, si bien se considera que actualmente el uso delictivo de las criptomonedas es un problema a nivel global, particularmente América Latina, se caracteriza por ser una región donde los grupos delictivos sacan provecho de “intercambios no regulados que no requieren información de registro y prueba de identificación para fines de seguimiento”, según el informe especializado. Sumado a que los Gobiernos con altos niveles de corrupción, actúa como una suerte de paraísos fiscales para el lavado de dinero con esta mecánica, ya que “cortejan activamente a inversores criptográficos no investigados con desregulación y opacidad deliberadas”.
En tanto, según los especialistas: “Estos grupos a menudo depositan Bitcoin en cuentas de intercambio y lo intercambian por varias monedas alternativas, oscureciendo la cuenta de origen original”. Existen múltiples casos que demuestran esta tendencia, y citan como ejemplo el descubrimiento que realizó la Administración para el Control de Drogas (DEA) en diciembre de 2022, a partir del cual se dio a conocer que el grupo criminal CJNG “usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo , para mover $15 millones a $40 millones en ganancias ilícitas de la venta de cocaína y metanfetaminas”.
Sin embargo, la conclusión a la que se arriba es que la posibilidad de regular el sistema de criptomonedas es un debate mundial que todavía está en curso, dado que no existe una receta política que sea rápida y eficaz para evitar que las organizaciones transnacionales del crimen organizado hagan uso de estos sistemas para reducir el riesgo de rastreo e incautación de activos. Lo que sí existe son algunas medidas que pueden adoptarse para frenar esta tendencia, y las mismas apuntan a un “mayor desarrollo e implementación de la regulación básica de KYC y la transparencia en jurisdicciones que promuevan el uso de criptomonedas comparables a las de la estructura bancaria formal”.
Fuente: Georgetown Journal of International Affairs
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