El pasado lunes, se dio a conocer la decisión de juez del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de Brasil, Benedito Gonçalves, de otorgarle tres dias al ex presidente Jair Bolsonaro para que rinda explicaciones respecto al alcance de una serie de documentos encontrados entre las pertenencias del entonces ministro de Justicia, Anderson Torres, durante un allanamiento a su residencia.
El allanamiento realizado por la Policía Federal, a partir de las órdenes del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Moraes – quien también es presidente del Tribunal Supremo del TSE-, reveló un borrador a partir del cual Bolsonaro anularía el resultado de la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre, al mismo tiempo que preveía una intervención militar de la Justicia Electoral.
El juez Gonçalves accedió a un pedido del Partido Laborista Democrático (PDT) e incluyó el documento entre las pruebas reunidas por la llamada Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) contra Bolsonaro. Esta investigación sobre el posible abuso de poder político por parte de Bolsonaro se desencadenó a partir de la reunión convocada por el entonces jefe de Estado con embajadores extranjeros en Brasilia, durante la cual presentó información incompleta sobre el proceso electoral brasileño.
En este sentido, el PDT argumentó que el borrador en cuestión reforzó la narrativa predicada por Bolsonaro respecto a tomar el poder por la fuerza si llegaba a perder las elecciones. Se dijo también que el proyecto es un “embrión con intención de golpe de Estado para densificar los argumentos que evidencian la ocurrencia de abuso de poder político tendiente a promover el descrédito a esta Justicia Electoral y al proceso electoral, con el fin de cambiar el resultado de las elecciones”.
Gonçalves estuvo de acuerdo con los argumentos y añadió que existe una “correlación inequívoca entre los hechos y los nuevos documentos”. Esta evidencia se suma a la narrativa del fraude que Bolsonaro buscó mantener viva, y que concretaría con la firma de un documento que además, contemplaba la creación de una junta electoral para garantizar la fluidez del proceso electoral actuando por fuera de lo establecido en la Constitución del país.
Frente a esto, Anderson Torres sostuvo que dicho documento se filtró “fuera de contexto”, y que el borrador fue encontrado en una pila de papeles para ser desechado. El ex ministerio de Justicia – y también es ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal – se encuentra actualmente recluido en un batallón de la Policía Militar del Distrito Federal también por orden del juez De Moraes; investigado por supuesta omisión y connivencia con los actos golpistas del 8 de enero, cuando el Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del Tribunal Supremo fueron asaltados por grupos de seguidores de Bolsonaro.
Fuente: MercoPress.
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