Recientemente el presidente de izquierda, Gustavo Petro, en el auditorio del Museo Casa de la Memoria ubicado en la ciudad de Medellin, encabezó un acto que tenia por objetivo dar cucmplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH) el 1 de julio del año 2006, donde le ordena al gobierno colombiano pedir perdón por las masacres ocurridas en La Granja y El Aro (ituango) en los años 1996 y 1997 respectivamente.
Durante el acto, en el que estuvieron las fotografías de las 19 víctimas (cuatro de La Granja y 15 de El Aro) acompañadas de manera simbólica por velas blancas, Petro pronunció unas palabras dirigidas a los familiares de las víctimas y afirmó que “en nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora que los mataron porque sí (…) que en sus muertes en La Granja y en El Aro estuvo el Estado presente, fue cómplice de los asesinatos”.
El discurso de perdón se dio luego de que fueron descubiertas dos placas que serán instaladas en los corregimientos antioqueños con el objetivo de preservar la memoria de lo sucedido hace más de 25 años. Allí también estuvo presente Astrid Elena Múnera, hija de Luis Modesto Múnera Posada, quien tiene fresca en su memoria la llegada de los paramilitares hasta El Aro, quienes se apoderaron del pueblo por nueve días y asesinaron a 15 lugareños.
En este sentido, los relatos por parte de familiares de las víctimas fueron escuchados atentamente por el mandatario colombiano, quien agregó: “Las víctimas ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesinado que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad, que encubre”.
Y si bien, el acto central tenía por objetivo el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado colombiano en estos hechos y pedir perdón a las familias de La Granja y El Aro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó en su sentencia la creación de aquellas condiciones necesarias para que las familias desplazadas pudieran regresar a sus hogares, así como brindarles una marco de salud gratuita y justicia.
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