Un nuevo informe publicado la semana pasada por el Centro Brennan para la Justicia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, expone que las fuerzas militares estadounidenses han participado en conflictos armados, no autorizados por el Congreso, en más países de lo que el Pentágono ha revelado.
El informe titulado “Secret War: How the US Uses Partnerships and Proxy Forces to Wage War Under the Radar“ afirma que son, por lo menos, 17 países en los que Estados Unidos participa en conflictos armados a través de sus fuerzas terrestres, fuerzas de representación o ataques aéreos. Y del mismo modo, identifica a 13 países con programas de la Sección 127e antiterrorista además de Somalia y Camerún. Incluyen Afganistán, Egipto, Irak, Kenya, Líbano, Libia, Malí, Mauritania, Níger, Níger, Nigeria, Siria, Túnez y Yemen. Pero subrayó que es casi seguro que la lista no es exhaustiva.
Se basa en el trabajo publicado por reporteros de investigación, entrevistas con funcionarios expertos y personal del Congreso, documentos y registros oficiales así como también en un análisis legal. En este sentido, Katherine Yon Ebright, autora del informe, sostuvo que “esta proliferación de guerras secretas es un fenómeno relativamente reciente, antidemocrático y peligroso”. Y continuó agregando que: “el Congreso rara vez se entera de estos incidentes porque son demasiado menores o “episódicos” para alcanzar el nivel de “hostilidades” que activarán los requisitos de presentación de informes en virtud de la Resolución de poderes de guerra de 1973”.
El pentágono utiliza la palabra “apoyo” para interpretar ampliamente las actividades que realiza Estados Unidos en diferentes países, le ha permitido a las fuerzas armadas en la práctica “desarrollar y controlar fuerzas delegadas que luchan en nombre de las fuerzas de los EE. UU. y, a veces, junto a ellas”, y así también “usar la fuerza armada para defender a sus socios locales contra los adversarios, en lo que el Pentágono llama “autodefensa colectiva” según el informe.
Sin embargo, a modo de conclusión, Katherine Yon Bright, añadió que “la conducción de hostilidades no reveladas en países no informados contraviene nuestro diseño constitucional. Invita a una escalada militar que es imprevisible para el público, el Congreso e incluso para los diplomáticos encargados de gestionar las relaciones exteriores de Estados Unidos”. Y finalizó afirmando que: “el Congreso debe derogar o reformar las autoridades de cooperación en seguridad del Departamento de Defensa. Hasta que lo haga, la nación continuará en guerra, sin, en algunos casos, el consentimiento o incluso el conocimiento de su gente”.
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