La violencia política como regla en un Brasil incierto

Las elecciones generales del pasado domingo 2 de octubre arrojaron un resultado muy reñido entre el candidato y dos veces ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente titular de derecha Jair Bolsonaro. El líder del partido de los trabajadores (PT) y la coalición “Brasil de la Esperanza” encabeza la carrera con un 48,4% de los votos, seguido de cerca por el representante del partido liberal (PL) y la coalición “Por el bien de Brasil” que logró sacar el 43,2% de votos.  

El estrecho margen entre los candidatos sorprendió luego de que varias encuestadoras pronosticaron como ganador a Lula da Silva en primera vuelta.  Pero, más allá de los números, lo que nos deja entrever es una radiografía de la creciente polarización entre el electorado de Brasil, donde ambos contendientes supieron capitalizar de forma exitosa los reclamos y necesidades de diferentes sectores de la sociedad, que les permitió construir un gran apoyo popular a lo largo de los años. 

Y es justamente en medio de esta polarización, que la violencia política se hace lugar y continúa representando un peligro para las elecciones de segunda vuelta del próximo 30 de octubre. Expertos de Naciones Unidas advirtieron que las amenazas, la intimidación y la violencia política efectivamente “generan terror entre la población y disuaden a los candidatos potenciales de postularse para un cargo”, haciendo un llamado a las autoridades brasileñas para garantizar la seguridad de los candidatos y grupos en mayor riesgo, como así también velar por la transparencia, imparcialidad e independencia de los poderes electorales. 

Violencia electoral con larga data

Sin embargo, la violencia política tiene una larga data en la historia brasileña, particularmente en época de elecciones, con ataques frecuentes a los candidatos políticos y coerción violenta de los votantes durante todo el periodo democrático, siendo los casos más recientes las elecciones generales de 2018 y las elecciones locales de 2020. En este sentido, quienes perpetran dichos ataques son principalmente las milicias políticas y los grupos narcotraficantes que usan la violencia para intimidar a los contendientes que pueden representar, o representan efectivamente, una amenaza para sus actividades. También hubo registros de turbas y ataques armados que involucran a partidarios de partidos rivales. 

Dado estos antecedentes, y el hecho de que la contienda en segunda vuelta será más reñida de lo esperado, se han suscitado una serie de preocupaciones respecto a que la violencia política y los enfrentamientos entre los partidarios de PL y el PT continúen antes de la segunda vuelta e incluso más allá del periodo electoral. 

Hay que tener en consideración también que el escenario electoral del 2022 está redefinido de forma diferente a lo que fueron las elecciones anteriores, ¿por qué?, primero porque se afirma que esta elección se caracteriza por ser “muy económica”, donde los reclamos de la clase media y baja brasileña están orientados a cuestiones como el empleo, poder acceder a la compra de bienes, viajes, acceso a la educación universitaria, entre otros. La pandemia y el caos económico del actual gobierno dejaron un escenario económico y político delicado. Y segundo, porque nos encontramos frente al fenómeno de ascenso de las extremas derechas que coquetean con el poder militar, y que encontraron en Jair Bolsonaro su representante perfecto. El mismo que cuestionó la integridad de la elección y afirmó en reiteradas ocasiones que desconociera el resultado electoral si llegara a perder. 

¿Medidas?

Frente a esto, la Corte Suprema ha respondido de forma proactiva a los desafíos del sistema electoral, destacando siempre la vital importancia de garantizar la independencia de las instituciones brasileñas que salvaguardan la democracia. En esta línea adoptaron medidas como: una política de tolerancia cero respecto a cualquier interferencia de las milicias en la votación, también se ordenó allanar las casas de empresarios partidarios de Bolsonaro tras las acusaciones de que apoyaron un golpe de estado tras el regreso de Lula Da Silva a la presidencia, entre otras. 

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